FAUSTINO COLLADO
Del 7 al 12 de marzo del 2005 el Estado dominicano deberá sentarse en la mesa del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento para la Aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando este Mecanismo celebre su Séptima Reunión en Washington.

En esa ocasión se determinará en qué medida se aplica la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) en el país, la cual fue ratificada por el Estado dominicano el 8 de junio de 1999.

El Comité de Expertos está compuesto por un representante de cada Estado americano que ha ratificado la CICC, y sesiona, aproximadamente, cada seis meses en la sede la OEA, Washington, para analizar cómo se cumple la CICC en los Estados Partes, y hacer las recomendaciones de lugar.

El análisis de la corrupción en República Dominicana será realizado teniendo por base un Informe preparado por el Estado dominicano, entregado a la OEA en agosto del 2002 y actualizado en agosto del 2004, siguiendo las normas del Comité de Expertos que plantean que cada país a ser analizado debe actualizar su informe dentro de los 30 días siguientes a la reunión previa a la que será analizado o evaluado.

Este Informe puede ser consultado en la dirección electrónica de la OEA, en temas de interés-corrupción-Comité de Expertos.

La Secretaría del Comité de Expertos, llevada por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, emitirá un primer Informe confidencial en el mes de octubre que servirá de guía para este proceso de análisis de la corrupción en el país.

Ya el Comité de Expertos designó un Subgrupo de Análisis, compuesto por los representantes de Canadá y Perú, los cuales elaborarán del 16 al 30 de noviembre un nuevo Informe, basado en el de la Secretaría, y que será remitido al Estado dominicano para que precise determinadas informaciones, lo cual podrá hacer del 10 de diciembre al 10 de enero.

El órgano del Estado dominicano que sirve de contraparte al Comité de Expertos de la OEA es el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), pero, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, la Contraloría General de la República y la Misión Permanente de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, en Washington, entre otras instancias, deben involucrarse en este proceso.

Los(as) expertos(as) dominicanos que responderán en la reunión de marzo todas las inquietudes del Comité de Expertos de la OEA sobre la corrupción en el país, deberían ser designados sin demora, sobre todo porque los nuevos funcionarios dominicanos que estarán en la Séptima reunión del Comité de Expertos, deben familiarizarse con toda la documentación de ese proceso de evaluación de la aplicación de la CICC.

El Comité de Expertos que aprobará un Informe sobre la corrupción en República Dominicana, como ha hecho con otros doce países del continente, también hará recomendaciones e instará al Estado dominicano a tomar medidas para enfrentar la corrupción, que se encuentra tan expendida en el país, en los sectores público y privado, y que al final de cada período de gobierno se extiende más.

Si bien las recomendaciones del Comité de Expertos de la OEA no son vinculantes, como son, por ejemplo, las decisiones del Comité Interamericano de Derechos Humanos, tienen una gran fuerza moral y deberán ser tomadas muy en cuenta por el Estado y la sociedad.

También debe tenerse en cuenta que la OEA ha conferido derecho a las organizaciones de la sociedad civil de los Estados Partes de la CICC para presentar un informe alterno sobre la corrupción, siempre que cumplen con la resolución CP/RES 759 (1217/99), lo cual hacen apoyadas por la organización cívica Transparencia Internacional.

En el caso dominicano, desde hace aproximadamente dos años más de 30 organizaciones sociales han venido trabajando y ya enviaron a la OEA un informe sobre la corrupción, el cual podrá ser defendido ante los miembros del Comité de Expertos en una reunión que se realizará en la OEA el 7 de marzo del 2005.

Este informe de la sociedad civil se concentró en dos temas: 1. Las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, 2. La participación de la sociedad civil en el acceso a la información pública, en el seguimiento a las tareas del gobierno y en la gestión pública en general.

El gobierno y la sociedad dominicanos deben estar atentos a este proceso, para sacarle el mejor provecho, prepararse con determinación para enfrentar este mal que corroe los cimientos del Estado y nuestra nacionalidad, y así llenar las expectativas que tienen los pueblos del continente sobre un cambio ético en la cultura administrativa.