Hoy más que nunca, los escándalos de corrupción se suceden indetenibles, uno tras otro, sacudiendo las fibras más sensibles de los ciudadanos serios que aman este país y llevando a la sociedad, frustrada e impotente frente a la impunidad que prevalece, al convencimiento de que ya no hay nada que hacer y que este es el destino de la República Dominicana.

Continúa cada día arraigándose la convicción de que los incumbentes de cargos  públicos, salvo honrosas excepciones, sucumben ante la tentación de enriquecerse cometiendo actos de corrupción.

Sin embargo, muchos funcionarios consideran que los actos de corrupción que se les atribuye no son tales, sino simplemente “indelicadezas”, como le llaman ahora y que los mismos son privilegios inherentes al cargo que desempeñan, como si fuere un derecho consagrado en la Constitución de la República.

¿Acaso no hemos visto en la televisión, leído en los periódicos y escuchado en la radio, casos aberrantes de corrupción y nepotismo cometidos por funcionarios que los justifican como acciones legítimas, generosas y desinteresadas de solidaridad y protección de familiares, allegados y amigos?

Antes, el funcionario que se corrompía actuaba solo, en secreto, en las sombras, por temor a la deshonra en caso de ser descubierto. Hoy, por el contrario, actúa de manera pública, se siente poderoso y orgulloso, hace galas de la protección que lo ampara, beneficia indebidamente a otros con su conducta  e inclusive llega a adquirir un status social y económico que no hubiese jamás logrado con un comportamiento honesto y sujeto al respeto de la ética y de la ley.

Al ver los programas donde se denuncian esos actos, da la impresión de estar frente a una caricatura del famoso film “el padrino”, donde el funcionario, a semejanza de don Corleone, se rodea de todos sus ahijados, para recibir lisonjas y disponer de los dineros del Estado.

Intentan, con la mentira y el engaño, tranquilizar su espíritu, justificándose ellos mismos por el supuesto y valioso servicio que  rinden al gobierno al que sirven, sin importarles el pueblo al que se deben y cuyo dinero dilapidan y llegan al convencimiento de que son injustas y se deben acallar y condenar las denuncias públicas y las voces valientes y responsables  como las de Nuria y Alicia, que se han convertido en portavoces de una sociedad que tolera, no protesta y sufre los desafueros de los que detentan el poder.

Lamentablemente, el gobierno, que se supone de todos los dominicanos y que lleva ya un largo período de cinco años, no solo ha sido incapaz, al igual que otros gobiernos, de enfrentar la corrupción, sino que ahora, por sus dimensiones, la misma ha prácticamente adquirido categoría de institución del Estado.

Si la sociedad no reacciona para cambiar este estado de cosas, y no lo hace ahora, con las armas constitucionales en la mano, la única esperanza que  queda es la de esperar que en el futuro vengan nuevos y mejores tiempos de acción y que más temprano que tarde, ante nuestros ojos, se derrumbe ese castillo de pasividad e impunidad frente a la corrupción.

El riesgo es, que de no corregirse a tiempo, la actuación política del gobierno, orientada por el desconcierto,  provoque que el propio gobierno se desconcierte a si mismo y se ponga en peligro la gobernabilidad, ya que la aparente tolerancia que frente a tanta corrupción demuestra la sociedad, que se siente frustrada, secuestrada e impotente, no significa renuncia a un profundo y secreto deseo de rebelarse.