Guatemala.- El combate a la corrupción, el acceso gratuito y universal a la Justicia y el narcotráfico son los grandes retos del sector jurídico iberoamericano, coincidieron hoy en Guatemala expertos en la materia, entre ellos el ministro español en funciones Rafael Catalá.

Durante el primer día de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib), Catalá exhortó a todos los países de la región a trabajar para garantizar un acceso igualitario al poder Judicial, sin atender a condiciones económicas, sociales o políticas.

“Unos sistemas judiciales eficaces, con capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos, unos sistemas de justicia inclusivos” y que garanticen la igualdad de acceso para todos son, sin duda, “cruciales” porque generan equidad y confianza, sostuvo.

El funcionario español dijo que la vulnerabilidad económica, social o educativa “nunca, nunca”, puede ser “un obstáculo” para obtener del Estado y de las instituciones la protección jurídica que debe ser garantizada por los países a todos los ciudadanos.

“Eso es un pilar para garantizar la buena salud de nuestras democracias”, añadió Catalá, quien dijo que en España se ha llevado a cabo una reforma para que víctimas de delitos de género, terrorismo, trata de personas, menores de edad o personas con discapacidad tengan asegurado el acceso gratuito a la Justicia.

También es un desafío para la región, y para España, la lacra de la corrupción, una problemática de la que no escapa ninguna nación pero que, según Catalá, España decidió combatir declarándole “la guerra sin cuartel” con medidas y acciones concretas para evitar que siga dañando a la democracia.

El ministro español también puso como ejemplo de la Justicia en su país la pena de prisión permanente revisable para quienes cometen grandes delitos y que, según dijo, está acorde con los códigos internacionales de derechos humanos.

Otra de las ponentes, la fiscal general de Guatemala y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, además de compartir las prioridades de la corrupción y la igualdad, abogó por combatir la discriminación que sufre la población indígena y erradicar el narcotráfico para promover sociedades “pacíficas e inclusivas».

Para profundizar en una Justicia igualitaria también para los indígenas, Aldana anunció que Guatemala está diseñando una política específica que permita incluir a esta población, y alcanzar así una justicia efectiva y verdadera que conduzca a “hablar de paz y democracia” en el país.

La nación centroamericana, con una población indígena del 41 por ciento según datos oficiales, debe propiciar el acceso a la justicia a través de mecanismos que respeten la cultura indígena y que propicien el uso del sistema en base a sus necesidades, sostuvo. Aldana indicó que la Justicia es “esencial” para alcanzar el desarrollo “armónico de los pueblos” y un pilar “fundamental” para la construcción de un Estado de derecho.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Leonidas Bustos, y el fiscal general de Costa Rica, José Alberto Chavarría, exhortaron a la Comjib a incluir esos puntos en la declaratoria final del encuentro, que se dará a conocer mañana.

Según el Procurador General de República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, hay que vigilar además la violencia, ya que la región es una de las que más sufre de este flagelo en el mundo y esto se debe a la facilidad para tener armas, sobre todo de corto alcance.

Por ello, abogó por una América “sin armas”, ya que los índices de violencia en la mayor parte de los países de la región es alto, además de un flagelo para la seguridad ciudadana.

La Procuradora General de la Nación de Panamá, Kenia Porcell, abogó por recuperar la confianza de la ciudadanía garantizando el debido proceso y consiguiendo resultados, sobre todo en casos de corrupción. “Va a haber paz en la medida en que la sociedad confíe en sus agentes, en sus fiscales” y en las investigaciones que se realizan, aclaró.

En la tarde del martes, la Comjib hará pública una declaratoria conjunta de este encuentro, en el que están representados una decena de países de la región mesoamericana, y que pretenden debatir sobre el futuro de la Justicia, sus prioridades y metas.