Corrupción política en la RD y la entronización del partido cartel

Dibujo

(III)

En la República Dominicana la interpenetración entre el partido y el Estado ha sido el producto de gobiernos del PLD de larga data mediante un proceso en el que las reformas institucionales se han entrelazado con el clientelismo durante el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000), sus retornos en el 2004-2008 y 2008-2012, el gobierno de Danilo Medina en el 2012-2016 y su reelección en el 2016 hasta el 2020.
Ello ha permitido al PLD modelar una simbiosis cada vez más estrecha entre el partido y el Estado, creando las condiciones para la entronización del PLD como un partido cartel, uno de cuyas principales estrategias ha sido la alianza con partidos minoritarios para lograr el triunfo electoral y la colusión inter-partidista con líderes de la oposición para destruir la oposición mayoritaria y conseguir el control total de los órganos del Estado.
Uno de los principales logros del PLD fue la destrucción de la oposición mayoritaria del país representada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), lo que, coadyuvado por la progresiva atomización del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) tras la desaparición de su líder Balaguer, le ha permitido entronizarse como el partido dominante y llevar a cabo alianzas coyunturales con los ahora minúsculos PRD y PRSC.
La destrucción del PRD se produjo a raíz del denominado “pacto de las corbatas azules”, conocido como el “pacto por la impunidad”, entre Leonel Fernández y el entonces candidato a la presidencia del PRD Miguel Vargas, en el cual, Vargas apoyó la reforma constitucional del 2010 a cambio del apoyo de Fernández a la elección presidencial de Vargas en el 2012 (Jiménez Polanco (2010: 491). Vargas tuvo como contrapartida suntuosos beneficios en el sector de la construcción y puestos gubernamentales y Fernández logró la desarticulación y división del PRD y el control por su grupo en el PLD de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal.
Dicho acuerdo fue hecho a espaldas de los demás integrantes de la cúpula del PRD incluyendo el principal contendor de Vargas el expresidente Hipólito Mejía y detonó una crisis intra-partidista que, con el apoyo de un Tribunal Superior Electoral controlado por Fernández y el PLD, terminó con la división del PRD y el surgimiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pasando el PRD a convertirse en un partido minoritario aliado al PLD una vez minimizado su poder tras la faccionalización.
En el caso del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), la alianza entre Balaguer (PRSC) y Bosch (PLD) en 1996 permitió el ascenso al poder del candidato del PLD Leonel Fernández colocando al PRSC en condición de trampolín electoral a cambio de posiciones en el Estado.
La insatisfacción de los reformistas con los peledeístas por lo que los primeros consideraron un intercambio desigual en la repartición de los puestos de gobierno y que llevó a Balaguer a llamar “come solos” a los últimos, determinó la ruptura de la alianza entre el PRSC y el PLD y la formación de la “alianza rosada” del PRSC con el PRD en las congresionales y municipales del 2006.
Tras el fracaso electoral de la alianza rosada se produjo un progresivo proceso de minimización del PRSC que lo ha llevado a hacer acuerdos con el mejor postor, llámese el PLD, PRD o PRM.
A raíz de entonces, el PLD ha obtenido el triunfo electoral en las elecciones presidenciales dominicanas con más del 50% de los votos en la primera vuelta mediante un patrón de colusión inter-partidista materializado a través de las alianzas con partidos minoritarios.
Como se observa en la Tabla 1, en las presidenciales del 2004 el PLD obtuvo el 49.02% de los votos y sus aliados le aportaron 8.9% para un total de 57.92%. En las presidenciales del 2008 el PLD obtuvo el 44.94% de los votos y las alianzas le aportaron 8.9% para un total de 53.84% de los votos. En las presidenciales del 2012 el PLD obtuvo el 37.52% de los votos y las alianzas le aportaron 13.77% de los votos para un total de 51.29% (Aquino, 2016). En las elecciones generales del 2016 el PLD obtuvo el 50.22% de los votos y las alianzas interpartidistas le proporcionaron 11.52% para un total de 61.74%. (2)
Una de las características del modelo de partido cartel es el blindaje electoral fraudulento. En todos los procesos electorales dominicanos han mediado la compra de votos y de cédulas de identidad y electoral, el control de los medios de comunicación por el partido gobernante, ineficacia en la administración de las elecciones por la Junta Central Electoral y una alta proporción de votantes cautivos que mantienen una relación económica directa y continua con el Estado a través de la nómina pública o de subvenciones y se ven compelidos o forzados a votar por los candidatos del partido oficial.
El aumento de la nómina pública en el último decenio da muestra del exorbitante gasto del Estado en este sector: 11.9% en el 2002-2006 y 46.7% en el 2008-2015.
Una muestra paradigmática del cuantioso gasto del Estado en el mantenimiento de una nómina pública supernumeraria y una alta tasa de subvenciones se observó en las elecciones del 2016, en las que 1,549,106 de los electores figuraban como empleados del Estado o receptores del Programa de Solidaridad, lo que representa 22.9% del padrón electoral. La cantidad de personas que perciben beneficios económicos del Estado pasó de 7.7% en el 2004 a 11.6% en el 2006, 20.9% en el 2008, 21.5% en el 2010, 20.9% en el 2012 y 22.9% en el 2016 (Caravallo y Ruiz, 2016: 04).
Otra de las características del modelo cartel es que las campañas son casi exclusivamente intensivas en capital, profesionalizadas y centralizadas, y se apoyan en la obtención de recursos provenientes del Estado, como subvenciones y otras ayudas. En el proceso electoral dominicano predomina el alto costo del mismo cubierto por la inversión del Estado mediante una política populista y clientelar en la que predomina la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos sin que haya consecuencias (Soto (2016: 8). Según declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), en una campaña presidencial se generan gastos entre RD$1,000,000,000 (US$21, 739,130) y RD$1,500,000,000 (US$32,608,695), y en un cierre de mitin de campaña más de RD$200,000,000 (US$4,347,826) (Campos, 2016:16). En las elecciones generales del 2016 el gasto electoral produjo un aumento del déficit fiscal tanto en gasto corriente como en gasto fiscal equivalente a RD$34, 800,000,000 (US$756,521,739) en el primer cuatrimestre del año. El gasto corriente incluyó el pago de nominillas y el denominado personal transitorio en instituciones tales como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Industria y Comercio. El gasto de capital se disparó debido a la premura del gobierno en concluir obras o ponerlas en situación de ser inauguradas en campaña e iniciar otras obras de gran demanda, sobre todo en infraestructura terrestre. Solamente el sector de asfaltado pasó de un gasto de RD$2,949,000,000 (US$64,108,695) en el primer cuatrimestre del 2015 a RD$9,241,000,000 (US$200,891,304) en el mismo período en el 2016, con un incremento superior a 200% que implicó un gasto de RD$77,000,000 (US$1,673,913) diarios (Participación Ciudadana, 2016).
Cartelización por el PLD y corrupción administrativa. En el modelo de partido cartel el Estado es invadido por los partidos y las reglas que lo rigen son determinadas por los partidos, deviniendo el Estado en una fuente de recursos mediante la cual los partidos no sólo pueden asegurar su propia supervivencia, sino que también el Estado es un instrumento mediante el cual los partidos pueden reforzar su capacidad de resistencia ante los retos que surgen de alternativas de movilización.
La desaparición de la oposición mayoritaria del PRD y el PRSC ha permitido al PLD sostener la cartelización de la política mediante colusiones inter-partidarias a través de acuerdos electorales y arreglos coyunturales entre la presidencia y representantes de los partidos en los principales órganos del Estado: congreso, judicatura y tribunales electoral y constitucional mediante el soborno y la prevaricación.
La interpenetración entre el PLD y el Estado y la conversión de éste en un instrumento del partido ha entronizado la impunidad de importantes casos de corrupción en diferentes áreas de la administración pública, algunos de los cuales se describen a continuación.
Caso Héctor Valdez Albizu. La prensa local se ha hecho eco de una investigación realizada por el noticiero Telemicro, según la cual, el 15 de agosto del 2014 el Gobernador del Banco Central (BC), Héctor Valdez Albizu, y sus más cercanos colaboradores se liquidaron por sus prestaciones laborales con la suma de RD$500,000,000 (US$10,869,565.2), ante la posibilidad de ser relevados de sus cargos, momentos en que se daba como un hecho la promulgación de la Ley de Regulación Salarial.
De dicha extravagante suma, el más alto ejecutivo bancario se asignó RD$60,000,000 (US$1,304,347.83) y el resto lo dividió entre sus subalternos. Esta autoliquidación fue aprobada por el Comité de Pensiones del Banco Central, algunos de cuyos miembros eran los mismos que se habían auto liquidado, y por la Junta Monetaria, cuyos nombramientos habían sido ratificados casi en su totalidad por el Poder Ejecutivo.
La autoliquidación de los funcionarios del BC no constituye, sin embargo, un hecho novedoso, ya que, antes de ser removidos de sus cargos tras el ascenso del PRD en el año 2000, estos mismos funcionarios se pensionaron y liquidaron dolosamente y regresaron a ocupar sus puestos tras el retorno del PLD en el 2004 (Abel, 2015). No se ha producido persecución judicial alguna contra Valdez Albizu.
Caso Carlos Amarante Baret y José Aníbal Sanz Jiminián. En un informe de auditoría financiera a la Dirección General de Migración durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008, la Cámara de Cuentas (cuyos miembros son nombrados por el Senado controlado por el PLD) detectó irregularidades y dispendios de fondos durante las administraciones de los peledeístas Carlos Amarante Baret y el general José Aníbal Sanz Jiminián.
El informe revela que dichos funcionarios evadieron la entrega de RD$226,600,000 (US$4,913,043.48) a la cuenta del Tesoro Nacional. En la investigación se detectó que en la gestión de Carlos Amarante Baret se expidieron cheques por RD$104,000,000 (US$2,260,869.57) por concepto de compras de materiales de construcción a nombre de personas que supuestamente recibieron esos insumos en calidad de donación, sin que las autoridades de Migración pudieran presentar pruebas documentales de la entrega de dichos cheques.
De igual forma, la Cámara de Cuentas informa del uso de RD$188,100,000 (US$4,089,130.43) en pago de nóminas duplicadas para beneficiar funcionarios de Migración y de otras instituciones del Estado mediante la duplicidad de cargos y de trabajo pagado y no realizado (las llamadas botellas).
Los recursos asignados por la Tesorería Nacional a la Dirección General de Migración no fueron asentados en los estados financieros del sistema de contabilidad de la entidad, sino en un informe interno de contabilidad paralela. Solamente en gastos de representación, estos funcionarios se adjudicaron la suma de RD$1,400,000 (US$30,454.78) que fueron utilizados en la compra de cosméticos y regalos (Olivo Peña, 2012).
A pesar su dolosa actividad administrativa, estos funcionarios no fueron sometidos a acciones judiciales. De manera impune fueron relevados de sus cargos y nombrados en el manejo de otras entidades públicas a las que se fueron acompañados de sus más cercanos colaboradores.
Sanz Jiminián pasó a dirigir la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y Amarante Baret fue nombrado director del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL). Amarante Baret, quien es un integrante del Comité Político del PLD y persona de confianza del Presidente Medina, ocupa en la actualidad la cartera del Ministerio de Educación, en donde se han suscitado denuncias por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que pidió su interpelación a la Cámara de Diputados por escándalos de corrupción relacionados con modificaciones del presupuesto sin cumplir con los procesos establecidos, actos de extorsión ocurridos en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con los fondos destinados a la construcción de edificaciones escolares, sobre-evaluaciones y mala calidad de la construcción de las escuelas, irregularidades en la adquisición de textos escolares y en los fondos dedicados a publicidad, y manejo inadecuado del Programa de Alimentación Escolar con casos de intoxicaciones recurrentes de alumnos y maestros (Moreno, 2015).
Con mayoría absoluta en el Congreso y control del sistema judicial, el gobernante liderazgo del PLD maneja a su antojo el engranaje institucional quedando impunes rampantes escándalos de corrupción en los que están implicados sus funcionarios.
Caso Félix Bautista. Otro de los casos más estridentes es el del Senador Félix Bautista, Secretario de Organización del PLD y miembro de su Comité Político, quien fuera acusado de corrupción y lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad de escritura pública y privada en el manejo de RD$26,000,000,000 (US$565,217,391) en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) bajo su dirección.
La acusación a Bautista fue hecha por el opositor PRD, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA), y algunos medios. Hay denuncias de que la OISOE funciona como una red de extorsión en la asignación y cubicación de obras, e integrantes de la sociedad civil han realizado sucesivos actos de protesta pidiendo su cierre (“Cadena Humana por el Cierre de la OISOE”) (Participación Ciudadana, 2016b).
La OISOE es una entelequia institucional fundada por Balaguer en 1986 que opera como una duplicidad del Ministerio de Obras Públicas con recursos del presupuesto de la presidencia con el fin de facilitar la repartición de obras públicas a aliados y allegados del presidente de turno (Álvarez Valdez, 2015).
Luego de que el expediente contra el Senador Félix Bautista fuera elaborado por la Procuraduría General de Persecución de la Corrupción Administrativa y sustentado por el Procurador General Francisco Domínguez Brito, el propio Procurador (quien es un integrante del Comité Político del PLD) decidió no llevar el proceso hasta las últimas consecuencias negándose a incoar un recurso de casación contra el auto de “no ha lugar” dictado por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la cual, es controlada por los aliados del ex-mandatario y presidente del PLD, Leonel Fernández.
La decisión del Procurador Domínguez Brito de abandonar el proceso contra el Senador Félix Bautista fue su contrapartida a los incentivos que le ofreciera el Presidente Danilo Medina para que lo apoyara en el seno del Comité Político del PLD en las negociaciones de su proyecto de reforma constitucional reeleccionista que incluyó la repostulación de Medina en el 2016 y la de todos los diputados y senadores y la mayoría de los alcaldes del PLD, en cuyo pacto jugó un papel protagónico el Senador Félix Bautista, amigo personal y testaferro del presidente del PLD Leonel Fernández (a quien en la cocina política le denominan “la alcancía de Leonel”), bajo cuyos mandatos presidenciales inició su flamante fortuna Bautista en base a la dilapidación de los recursos de la OISOE.
Fernández se opuso a la reelección de Medina dada su decisión de presentarse nuevamente como candidato en las elecciones del 2016, plan que venía cuajando desde el 2010 mediante su alianza con Miguel Vargas del PRD.
De igual manera, Fernández realizó acuerdos con integrantes de su partido y de la oposición en el Congreso y convocó al Comité Central del PLD para que lo seleccionara como aspirante a la presidencia.
En la cocina política dominicana se argumenta que fue el propio Félix Bautista quien convenció a Fernández de desistir de su proyecto de retorno con el fin de conseguir que el Procurador Brito (aliado del Presidente Medina y Procurador durante el gobierno de Fernández) abandonara la persecución en su contra, dadas las implicaciones de Fernández por ser el verdadero propietario de la fortuna de Bautista (cuyas empresas financian la Fundación Global de Fernández) y por el galopante desmedro de su imagen en el plano local e internacional tras las acusaciones del narcotraficante Quirino Ernesto Castillo en el lavado de narcodólares, lo cual detonó una caída estrepitosa de los niveles de popularidad de Fernández en el electorado y la decisión de los demás integrantes de la cúpula del PLD de proteger su predio electoral apoyando la repostulación de Danilo Medina a la presidencia.
El pactado acuerdo reeleccionista estuvo acompañado de la decisión de los 35 miembros del Comité Político de prolongar su mandato en la máxima dirección del partido hasta el año 2020, violando las propias reglas estatutarias del partido (Díaz, 2015b), al margen del Comité Central y de las bases. (3)
En lo que se percibió como una escaramuza política del PLD para mostrar al país y al Embajador de los Estados Unidos una imagen pulcra de la cúpula del partido, el Procurador ratificó el expediente de Bautista, calificándolo inicialmente como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”, para luego argumentar que no recurría en casación la decisión de la primera instancia porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no le merecía confianza ya que “la mayoría de los jueces se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados” (Díaz, 2015c).
Paralelamente, el Procurador desvió la atención del escandaloso caso de Félix Bautista y desdijo su pronunciamiento contra la SCJ mediante un llamado a los jueces del alto tribunal a que actuaran en su sometimiento a juicio a seis jueces a los que acusó de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos de “dudosa reputación”, dictar sentencias en favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato y ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.
Estas acusaciones y sometimientos judiciales integran una larga lista de denuncias de casos que quedan impunes y que involucran, entre otros, a oficiales militares y policiales en operaciones de narcotráfico.
Préstamo clandestino entre OISOE y Sun Land. No era ésta la primera vez que Félix Bautista era sometido a la justicia quedando impune gracias a los dictámenes de la alta corte controlada por el PLD. En el 2007 Bautista fue acusado de haber firmado en el 2006 un contrato de préstamo clandestino por la suma de US$130,000,000 entre la OISOE y la empresa Sun Land Corporation que el incumbente Leonel Fernández le autorizara contra entrega de 19 pagarés del gobierno dominicano, violando los requisitos legales de previa aprobación del préstamo por el Congreso Nacional y depósito de los fondos en el Banco Central.
La demanda, incoada en el 2007 por el opositor PRD y la ONG Foro Social contra el gobierno de Fernández por la firma dolosa de dicho empréstito, fue rechazada en el 2008 mediante sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad contra el contrato de la Sun Land sin conocer el fondo del asunto e indicando que, si bien el Poder Ejecutivo se equivocó al firmar el contrato de préstamo con la Sun Land, sólo los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados podrían interponer una demanda (Olivo Peña, 2011).
Prevaricación, estafa y lavado de activos. En octubre de 2013, Felix Bautista, el expresidente Leonel Fernández y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa fueron implicados en cargos de prevaricación, estafa, lavado de activos y abuso de confianza por querella formal del Partido Alianza País (Alpaís).
Una serie de denuncias que se ventilaron en el 2012 vinculan a Díaz Rúa con supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras del Corredor Duarte, la Autovía del Coral, la carretera Bávaro-Utero Alto-Miches-Sabana de la Mar y la terminal portuaria de Sabana de la Mar. (4)
Víctor Díaz Rúa fue sometido a la acción judicial por actos de corrupción por la Fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso a raíz de que durante el gobierno de Leonel Fernández (2008-2012) la Cámara de Cuentas llevara a cabo una auditoría en el Ministerio de Obras Públicas bajo la gestión de Díaz Rúa, Tesorero del PLD y (junto a Félix Bautista) otro gran testaferro de Fernández.
La auditoría detectó anomalías presupuestarias equivalentes a la suma de RD$60,000,000,000 (US$1,304,347,826) en el 2011 y el 2012 en violación a la Ley Orgánica de Presupuesto y la Ley de Compra y Contrataciones del Estado.
Se detectaron 31 anomalías financieras, entre las que figuran: la no supervisión del control presupuestario, manejo inadecuado de los recibos de ingresos, carencia de sistema de contabilidad integrado, manejo irregular de efectivos en cajas y bancos, cuentas bancarias no conciliadas, emisión de cheques sin fondos, e ingresos no depositados en la Cuenta Única del Tesoro.
Asimismo, fueron detectados traslados de equipos sin la debida autorización, pagos a suplidores sin RNC (Registro Nacional del Contribuyente) ni registro de proveedores del Estado, documentaciones de desembolsos sin sellos de la institución, pagos de nóminas con recursos internos, duplicidad de desembolsos, contratos sin documentación legal y transacciones no registradas oportunamente.
En adición, fue detectado un control ineficiente en el manejo del personal y los procedimientos de recursos humanos, así como, transacciones inadecuadas y pagos de facturas que no correspondían al período indicado y que fueron clasificadas como gastos corrientes (Herrera, 2014a).
En lo relativo a al pago irregular de nóminas, el mismo beneficiaba a unos de 412 miembros de las bases y simpatizantes del PLD que figuraban como empleados y cobraban sueldos regulares sin trabajar en los departamentos de Seguridad y Vigilancia, Mayordomía y Mantenimiento, Recursos Humanos, Transportación y la Dirección General de Mantenimiento de Carreteras y Caminos Vecinales, entre otros (Herrera, 2014b).
Bajo la dirección de Díaz Rúa, el Ministerio de Obras Públicas operaba de manera dolosa 15 cuentas bancarias que se mantuvieron ocultas, infringiendo la Ley 567.05 de la Tesorería Nacional que establece la centralización y registro en la misma de los ingresos públicos recaudados tanto en el territorio nacional como en el exterior (Herrera, 2014c). Además, el Ministerio repartió más de RD$250,000,000 (es decir, US$5,434,782) en gratificaciones a los funcionarios mediante incentivos especiales, compensaciones y “bonificaciones”, de los ingresos no presupuestados equivalentes a RD$287,011,532 (que son US$6,239,381.13) obtenidos por concepto de gastos de inspección y supervisión de obras, los cuales, fueron distribuidos entre el ministro, 22 viceministros y 10 directores generales (Herrera, 2014d).
El proceso de Díaz Rúa estuvo imbricado de entresijos procesales y escaramuzas políticas que culminaron con su absolución (Cruz Benzán, 2014).
Irónicamente, el Senador Félix Bautista no sólo quedó impune, sino que en base al acuerdo entre Danilo Medina y Leonel Fernández de repostular a todos los representantes del PLD en el congreso y en los municipios en las elecciones generales del 2016, Bautista fue reelegido Senador por la provincia de San Juan y obtuvo el mayor porcentaje de votos (69.31%) de todas las candidaturas en unas elecciones en las que la repartición de dinero, el voto cautivo de los empleados y subvencionados del Estado y las irregularidades del proceso de automatización del conteo de los votos fueron la clave del triunfo electoral del partido oficial.
Conclusión. Como he analizado en el presente artículo, la República Dominicana padece una crisis institucional producida por la presencia factual de altos niveles de corrupción en el manejo de la administración pública por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El PLD se ha entronizado en el poder en base a los elementos característicos del partido cartel: por un lado, la interpenetración entre el partido y el Estado mediante el control por el PLD del congreso, los municipios, el tribunal electoral y el poder judicial incluyendo el tribunal constitucional y la Suprema Corte de Justicia; por otro lado, un patrón de colusión inter-partidista sustentado por alianzas electorales entre el PLD y las organizaciones minoritarias y por pactos y acuerdos coyunturales individuales con líderes de los otrora partidos mayoritarios PRD y PRSC, lo cual ha fraccionado dichas organizaciones deviniendo en una oposición débil.
Ello ha permitido la permanencia en el poder del PLD como una organización partido/Estado de características neo-corporativas que controla todos los estratos de la función pública, lo cual permite la impunidad de la corrupción administrativa de lo cual dan cuenta los casos aquí analizados.
De igual forma, el férreo aparato corporativo del partido oficial lleva a cabo el recambio irreverente de funcionarios corruptos frente a un aparato punitivo disfuncional, un sistema de prevaricación y prebendas, y un electorado cautivo mediante nóminas supernumerarias y subvenciones estatales de carácter populista y clientelar.
El derroche público y el gasto corriente en base al populismo, el clientelismo y la corrupción mantienen a la mayoría de la población sumergida en la pobreza, generada además por la falta de empleos, los bajos salarios y la concentración de la actividad productiva en la capital en desmedro de las demás localidades del país.