En la República Dominicana la corrupción afecta el ejercicio del poder público. La expresión más clara, es el conjunto de denuncias sin investigar y de casos sin sancionar, una muestra palpable del fracaso rotundo en la prevención, investigación y lucha contra la corrupción.

En los últimos años los dominicanos/as somos testigos de múltiples casos de corrupción, que violentan las instituciones del Estado, el marco legal establecido y sobre todo la ética-moral de la sociedad.

Estos hechos dolosos no han trascendido más allá de la denuncia pública, evidenciando la ausencia de un Ministerio Público, eficaz e independiente, con la entereza necesaria para procesar e investigar las denuncias y querellas que recibe, confirmando este hecho la exagerada impunidad en la República Dominicana.

Esa corrupción e impunidad ha generando un endeudamiento interno y externo exagerado, además del evidente déficit fiscal, producto del  despilfarro del erario público, con la complicidad de las instituciones del Estado que están llamadas a controlar el gasto ineficiente y sin control.

Los niveles de complicidad en la República Dominicana son innegables y para muestra vasta un botón, cuando vemos como los pocos casos de corrupción que han llegado a la justicia son  desestimados, en otros casos descargados los imputados, otros expedientes continúan detenidos y en otros se produce el retiro de los abogados del Estado.

Realizando un pequeño ejercicio para medir la impunidad en nuestro país,  ratificamos que sí puede ser medida o, como diría Fernando Carrión, “la  impunidad  se mide  mediante la diferencia que  existe entre el número  de delitos  denunciados, respecto  de los  casos  que  terminan con una  sanción  en firme”, entonces pudiéramos afirmar que en este país, nunca ha existido voluntad política para combatir la corrupción y nos permite testificar que la corrupción y la impunidad se protegen, se alimentan y se promueven desde las más altas instancia políticas y económicas de nuestra sociedad.

Pero también revisando y tomando como referencia la obra “IMPUNIDAD, LA QUIEBRA DE LA LEY” de Julio Scherer Ibarra, podemos mostrar  que la impunidad se presenta de diferentes formas y múltiples modalidades.

En el caso de la República Dominicana,  una de las modalidades más habitual es la Impunidad de Facto, la cual, según la teoría propuesta por Scherer, nace y se desarrolla por las siguientes causas:

a)  La imposibilidad material por parte de los órganos del Estado para acreditar al infractor como un transgresor de la ley.

b) La astucia del infractor para evitar la sanción que merece;

c) La negligencia por parte de los órganos de gobierno para demostrar la culpabilidad del infractor de la ley.

d) La decisión para evitar que el infractor sea sancionado, esto es, la complicidad entre la autoridad y el delincuente.

En ese sentido, la sociedad dominicana lo que necesita urgentemente, no es la llamada Reforma Fiscal, convertida en una Reforma Tributaria, lo que demandamos es que se tomen las medidas para enfrentar de manera efectiva la corrupción, el dispendio y la falta de racionalidad en los gastos de la administración pública y el incumplimiento de las normas de quienes deben velar por los intereses de la ciudadanía. No sé si estaremos pidiendo peras al olmo.

Los imputados de actos corruptos y favorecidos por la impunidad, son los responsables y contribuyeron al actual déficit fiscal en nuestro país, porque no fueron perseguidos, ni sancionados. En algunos casos se beneficiaron con distintas formas de perdón: amnistía, indulto, prisión domiciliaria, las ya famosas excarcelaciones por motivo de enfermedad, en otros casos se apuesta a la prescripción, también registramos las excusas absolutorias,donde desaparecen,  archivan o pierden los expedientes de casos de depredación del erario público.

No hay dudas que los actos de corrupción e impunidad, tiene efectos engorrosos en el sistema fiscal de cualquier país, sea por el lado de los ingresos o los gastos, así como por las políticas de financiamiento y sus aplicaciones.

Las cifras de fondos públicos que ha servido para el enriquecimiento ilícito de una minoría, sobre la base del empobrecimiento de la mayoría de la población, no se pueden cuantificar por la ausencia de sanciones penales y por el desinterés del Estado de recuperar el patrimonio público saqueado y defalcado, pero sí podemos inferir que hablamos de recursos cuantiosos y considerables, necesarios para una digna inversión pública y social, en países como el nuestro con altos índices de pobreza.

Con este panorama aterrador estamos convencidos que en nuestro país las transformaciones estructurales están pendientes y para conquistar esa meta necesitamos un movimiento social que pase del análisis coyuntural y la denuncia simplista y no enfocarse en reformas, legales, fiscales o de otra índole, porque las instituciones de este sistema han mostrado su incapacidad para generar bienestar social, seguridad y tantos otros factores que son indispensables en la construcción de un Estado de Derecho.

El llamado déficit fiscal es resultado de un déficit en el combate a la corrupción y el despilfarro de recursos, que por demás tiene algunos años, es apoyado a su vez por la impunidad y en ningún país pueden existir políticas públicas efectivas o una Reforma Fiscal Integral, sobre la base de este clima de corrupción e impunidad.