Si calculamos lo que está a la vista, las auditorías, los escándalos y el bienestar  que  exhiben  políticos de todos  los tiempos y de todos los partidos, es innegable que son gente muy rica. Sabemos que  gozarán de impunidad “per omnia saecula saeculorum”. Por eso, ante esta obscena realidad, urge pensar fuera del cajón, ser creativos, buscar mecanismos para que todos nos beneficiemos de lo mal habido. 

 Utilizando deducciones lógicas, similares a la de los que intentan legalizar las drogas -quienes, sintiéndose  vencidos, consideran  inútiles  los ingentes esfuerzos que se realizan para remediar la narco tragedia- propongo fomentar y  despenalizar la corrupción a la mayor brevedad.  

Fíjense bien, el primer paso está dado: los gobiernos se ocupan de fomentar el cohecho para crear nuevos ricos. El próximo paso consistirá en  hacerles la vida fácil a los corruptos, poniendo fin a denuncias y sometimientos que sólo traen desasosiego y tapones  por toda la ciudad. Obtengamos inmunidad vitalicia  para  los funcionarios, que, entusiasmados,  prevaricarán libremente creando bienestar  y  sosteniendo  la macroeconomía. Sin perder tiempo, pasaremos al tercer paso: un   incentivo fiscal  a sus capitales, siempre y cuando sus  declaraciones  de bienes  sean  comprobables y no de  mentira.

Cumpliendo al pie de la letra con los incentivos, y decretada la inmunidad, no tengan  la menor duda de que evitaremos la fuga de capitales, las escondederas debajo de colchones, y esos dispendiosos viajes a bancos extranjeros. Estas medidas, aprobadas por el honorable Congreso y refrendadas por el señor presidente, conformarían la “Ley de Corrupción Regulada”. La misma, no lo duden,  transformaría a los delincuentes políticos en legítimos y útiles hombres de negocios.

Entre sus acápites estará  la obligatoriedad de  invertir un treinta por ciento de sus haberes en la creación de empleo. Se tomará en cuenta el sector originario del pillaje, por ejemplo: ex ministros de salud invertirán en  industrias  farmacéuticas;  los ex ministros de obras públicas construirán viviendas populares; antiguos generales sacarán mayor provecho del ganado y promoverán industrias de subproductos lácteos.  Y así sucesivamente. Será un estimulo para mejorar sus inversiones actuales, aunque bajo  las regulaciones de esa ley excepcional.

Una vez vigente dicha pieza legislativa, la sociedad, la justicia, los intelectuales y los periodistas honestos, tendrán  que ocuparse  de otros temas; fuñir  con ladrones del erario será  cosa del  pasado.  El procurador y las  cortes superiores no tendrán  que sudar frío deliberando sobre expedientes de antiguos compañeros y podrán descansar como tanto se lo merecen.

“Ipso facto”,  el gobierno creará el “Consejo para la implementación de la Ley  de Corrupción Regulada”, donde ni ex mandatarios, ni apellidos, ni  rollos de  papeletas, amedrentarán  a los insobornables miembros del comité.  Sugiero  – no se me ocurre nadie mejor y de mayor experiencia – que deberá estar presidido por el Cardenal.

Esta  revolucionaria pieza legislativa  traerá  paz  y  progreso a la nación. Entonces, sólo faltaría  que a los industriales se les ocurra echarle un poco de carne al salchichón para que, en breve,  pasemos a ser un país estupendo.