La actitud del Procurador General de la República, el santiaguero Dr. Francisco Domínguez Brito, ha traído la discusión sobre la corrupción en el país. Deseo tratar el tema desde la perspectiva de los estudios de la economía institucionalista que trata el tema.

Los autores Frederic Boehm y Johann Graf Lambsdorff – nada conocidos en el medio dominicano – tienen un artículo titulado “Corrupción y Anticorrupción: una perspectiva neo-institucional” (publicado en la Revista de Economía Institucional de la Universidad Externado de Colombia, Vol. II, Nº 21, 2009).

¿Por qué asumimos la indignación ante los supuestos hechos de corrupción? El fenómeno es altamente complejo: mientras consideremos a la naturaleza humana como esencialmente “buena” o “mala”, tendremos el sesgo de considerar a la sociedad humana como ideal como un paraíso o como un infierno.

El problema de los científicos sociales cuando tenemos que considerar la “perfectibilidad” de la sociedad humana: no es un resultado perfectamente malo o bueno, sino que es nuestra conciencia crítica que nos permite lograr esta perfección. ¿Estamos?

Los autores aludidos señalan como preventivo de la corrupción, la transparencia. No en balde uno de los autores, Graff Lambsdorff, es el autor del índice de transparencia que usamos para medir la percepción de la corrupción en la sociedad contemporánea.

En consecuencia, la causa de que nuestros relativos altos niveles de corrupción es la “opacidad” de nuestros procesos. Hacemos leyes tan engorrosas y reglamentos tan confusos, que la persecución de los delitos se diluye. Institucionalmente, somos una sociedad “opaca”.         A pesar de la institucionalidad de nuestro sistema de justicia, con su reiterada independencia, la administración de justicia “depende” de la rectitud y apego a la ley de un funcionario menor en la escala jerárquica. Por ejemplo, el caos en el tránsito depende de si los agentes de la AMET hacen valer su autoridad para hacer que el tráfico fluya, o crean el caos para imponer su voluntad omnímoda por encima de la ley.

Es evidente que en los casos del “abuso de autoridad” ejercido con las pensiones privilegiadas que están en la palestra pública pueden ser argumentadas en que la Ley no las permite, pero la lógica económica no concibe que con un sistema de capitalización individual hayan sistemas privilegiados de pensiones que desborden la capacidad de generar los fondos necesarios para pagarlas. Es decir, estamos aplicando la misma lógica de los banqueros que necesitan ayuda para no quebrar y se asignan jugosas “primas” aunque sus bancos tengan pérdidas. La lógica es quebrar el sistema para beneficio propio. Es inmoral, aunque la Ley no lo prevea.