Corrupción y narcotráfico

En República Dominicana más que casos de corrupción existen estructuras y cultura de corrupción. Esta, como explicó Myrdal, es un fenómeno asociado a la debilidad estatal, y brota de una interacción parasitaria, entre el sistema político e institucional y los negocios rentistas.
Provoca debilidad en las instituciones y esa debilidad a su vez la prepotencia. Su saldo es muy negativo, y lastra de muchas maneras el desarrollo de las naciones, que se empobrecen y atrasan, se hacen más inequitativas y vulnerables.
Aunque no han faltado los que la ven como algo consustancial a los procesos de modernización, su «lubricante», lo cierto es que para la mayoría de las naciones constituye una retranca a un desarrollo genuino. Peor aún, en determinados contextos, terminan generando verdaderas catástrofes, convirtiendo estados débiles en fallidos.
Esa realidad se agudiza en aquellos países impactados por la expansión del crimen organizado y corrupción transnacional. El lavado de activos, que introduce distorsiones en sus economías y las carreras de endeudamiento alegre para sostener una sociedad de oropel, florecen en ese ambiente degradado.
Recordemos que, en los tiempos de globalización, la corrupción y el crimen organizado han escalado a niveles sin precedentes, tanto por la proliferación de estados débiles o fallidos, como por el cinismo y la ambigüedad con que actúan las naciones poderosas, muy especialmente, EUA. Ojos Vendados de Oppenheimer y Economía Canalla de Napoleoni describen fehacientemente la responsabilidad de estas y otras fuerzas relevantes.
Sin embargo, nada perjudica más a estados débiles como República Dominicana, con un emplazamiento geopolítico difícil, que la instrumentalización que suele hacer EUA de las luchas contra la corrupción y el narcotráfico para chantajes descarados y avasallamientos ignominiosos. Todo para impulsar otras agendas, a veces inconfesables.
Cuando oigo al embajador Brewster insistir con agresividad sobre la corrupción y narcotráfico imperantes en RD, recuerdo que hace años logré aprobar en la Cámara de Diputados una importante resolución sobre la Convención de OCDE sobre Pagos de Sobornos a Funcionarios Públicos Extranjeros en Operaciones de Comercio Exterior.
Uno de sus dispositivos instaba a conformar una comisión mixta de OCDE y RD -una especie de comisión de la verdad- para evaluar con franqueza el fenómeno de la corrupción transnacional, en especial, el relacionado con endeudamiento externo e inversiones. Esa resolución fue entregada al embajador Fanin de EUA, entre otros embajadores, así como a organizaciones internacionales.

Entre los propósitos de esa resolución está la revisión favorable de la deuda externa, y sobre todo, la comprobación de que los casos de corrupción transnacional solo mueven la acción de las potencias cuando son afectados sus bancos, empresas o inversionistas, más no cuando estos dañan intereses dominicanos. En esos casos, la protección diplomática es cerrada e intransigente.