Corrupción y persecución política

ANGEL BARRIUSO
Toda lucha contra la corrupción pública tiene como primer desafío evitar su desprestigio, viciarse o contaminar su procedimiento. Es la administración de un proceso que requiere de una planificación y la debida definición de estrategias jurídicas y políticas. Una guerra contra la corrupción pública jamás se gana en una sola batalla aunque estemos convencidos de que cortándole la cabeza a la culebra matamos su cuerpo. Se requiere de paciencia, prudencia, calma y tacto. Es de las pocas tareas que tiene todo el tiempo a su favor. Precipitarse conduce al fracaso.

Toda definición de estrategia tiene que ir respondiendo a tácticas diseñadas con elementos reales, sin espejismo, valorando la disponibilidad y fortaleza para medir así, con el mayor nivel de objetividad, las condiciones del contrario. Sobreestimarse es errar, porque la tendencia de todo aquel que se sobreestima es, naturalmente, subestimar los recursos de los contrarios.

¿Cuál es la capacidad de maniobra de los contrarios? ¿Con qué recursos dispongo para ganar mis primeras batallas y cuál será la capacidad de respuesta de mi enemigo o del objeto a enfrentar?

Así como al tiempo hay que darle tiempo, el silencio se convierte en el mejor de los aliados, y el mucho hablar, por sí solo, ayudará en la misma medida en que perjudica a la administración del proceso.

¿Cómo ganar una batalla de opinión pública contra la corrupción, y en qué momento ocurre lo contrario? ¿Es la opinión pública mi mayor objetivo? ¿Cuándo debo batir un tema que está en proceso?

La sociedad aquí, como en otras partes, presiona para que un gobierno entrante persiga la corrupción que habría cometido el saliente. La sociedad supone que, además de los votos obtenidos para alcanzar el poder, el partido triunfador recurrió a acuerdos de aposento para aplicar un borrón y cuenta nueva.

En los últimos doce años se ha observado que al cabo de sus primeros 100 todo gobierno está obligado a responder a las demandas sociales por la persecución de los actos de corrupción que la sociedad entiende hubo en el gobierno del partido que perdió las elecciones. Se desconfía de toda gestión gubernamental para enfrentar la corrupción en la administración pública. Se piden señales claras.

Pero, ¿cuál ha de ser el ritmo de una lucha contra la corrupción gubernamental, si se parte del hecho de que después de los tres primeros meses de ejercicio gubernamental todo gobierno huele a viejo y desde ya el ciudadano asume que hay corrupción? ¿Cómo mantener la confianza de la ciudadanía y de la sociedad en toda gestión contra la corrupción?

Se asume que la corrupción conlleva un incumplimiento de las leyes o de los criterios u objetivos que el gobierno le haya asignado al funcionario o al servidor público, recibiendo a cambio – el funcionario o servidor público-recompensas de algún particular que, naturalmente, es el corruptor.

La línea que separa al corrupto del corruptor es casi imperceptible.

Regularmente se persigue al corrupto. El escándalo oscurece la verdad del encaje que sobrevive a la corrupción. La vista se detiene en el predicado, y probablemente deje al sujeto libre de pecado. De ahí quizás el origen del dicho popular sobre los cuellos blancos.

Cuando se habla de corrupción pública se está hablando de aquella que se produce en el Estado o cualquier empleado estatal, cualquiera que sea su jerarquía. El corrupto es un funcionario público. Todo funcionario público, en nuestro país, es un político, y toda corrupción regularmente tiende a marcar a los agentes políticos en el poder.

“En este caso” –leí en alguna parte– “no sólo el sector privado puede ser el corruptor, también lo puede ser el Estado cuando promueve o bonifica de alguna manera a determinadas personas, funcionarios públicos o particulares, a determinados puestos u honores, en pago por los favores y servicios dispensados”.

La lucha contra la corrupción debería estar igualmente libre de toda emotividad. Los funcionarios del Ministerio Público y todo aquel llamado a emprender esta misión lleva la gran presión popular y social, cargada de rumores y de sospechas, lo cual tiende a viciar la gestión pública contra el presunto delito ante la necesidad de satisfacer expectativas, la mayoría de las veces políticas.

De ahí la importancia de superar cualquier improvisación en el enfrentamiento contra un mal que podría tener distintos orígenes y aromas porque, ¿en qué momento podrían violentarse lo ético y lo moral en la propia lucha contra la corrupción pública?

Yo insisto en que se trata de administrar un proceso que, dada la naturaleza de los actores, requiere de planes en su tratamiento e hilar muy finura. ¿Cómo superar el hecho de que todo expediente de corrupción se descomponga en una persecución política o adquiera la apariencia de persecución política?

Cautela, firmeza, transparencia y credibilidad se levantan como valores claves en la comunicación de un proceso de tal magnitud. Y dado la naturaleza de los personajes y hechos bajo investigación en una circunstancia u otra, lo institucional es garantía de credibilidad porque quien esté bajo sospecha siempre alegará persecución política, su mayor defensa en un país con muchas debilidades.