Como se trata de un tema recurrente, cíclico, no debe sorprendernos que vuelva a ocupar las primeras planas de los periódicos el total desprecio de nuestros funcionarios públicos a la Ley 311-4 sobre Declaración Jurada de Bienes, que se supone deben hacer ante la Cámara de Cuentas en un plazo no mayor de 30 días después de ser designados o cesado en sus funciones, en esta ocasión poniendo en evidencia las verdaderas razones por las cuales eso ocurre y seguirá ocurriendo: no hay consecuencias. El Programa de Estudios del Desarrollo Humano (PED), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), estableció que las autoridades no han sancionado a ningún funcionario por no haber declarado su patrimonio, como ordena esa ley, que imputa “faltas graves de tercer grado” a los incumplidores, que según el análisis del PED dado a conocer el fin de semana son al menos 4,727. Entre esos violadores de la ley 311–4 figuran cinco senadores, 143 diputados, 21 viceministros, 207 alcaldes, 271 vicealcaldes, 441 subdirectores, 10 gobernadores provinciales, y 25 viceministros y exviceministros, según consta en un documento remitido por la Cámara de Cuentas a la Procuraduría General de la República. Esa ausencia de sanciones (el reglamento de aplicación de la ley estipula la suspensión del pago de sus remuneraciones hasta que sea subsanada la omisión) a funcionarios que deliberadamente se abstienen, con intenciones que es muy fácil imaginar, de transparentar sus patrimonios, tiene una explicación simple, sencilla, que hace tiempo nos sabemos de memoria porque llevamos años repitiendo un diagnóstico que aplica a un montón de leyes y disposiciones que nadie cumple porque ninguna autoridad obliga a cumplirlas: falta de voluntad política. Y mientras eso esté ocurriendo, este gobierno no va a convencer a nadie de que se toma en serio la lucha contra el flagelo de la corrupción.