No es algo de lo que nos sintamos orgullosos porque hasta ahí no hemos llegado todavía, pero nos importa tan poco cargar con ese pesado baldón, hacemos tan poco para enfrentar la corrupción nuestra de todos los días, que es casi lo mismo y si lo pensamos bien probablemente hasta peor. Por eso nadie se sorprende, ni se extraña ni se ofende con la noticia de que la República Dominicana ocupa el segundo lugar, de acuerdo a un estudio dado a conocer ayer en Berlín, Alemania, por Transparencia Internacional,  entre los países más corruptos de Latinoamérica, una lista que encabeza la Venezuela del chavismo y la Revolución Bolivariana, con  Perú ocupando  el tercer lugar. Según ese estudio, basado en una encuesta con 17 mil muestras de ciudadanos de 18 países, el 66% de los dominicanos  cree que la  corrupción ha aumentado en el último año, en tanto sostiene que se produjo un incremento entre los ciudadanos que dicen que tuvieron que pagar sobornos para recibir servicios públicos, el conocido macuteo que se niega a desaparecer no obstante el barniz modernizador que le ha dado el peledeísmo a la administración pública. El estudio dice cosas peores, como por ejemplo que el 85% de los encuestados afirma que la corrupción en el Poder Ejecutivo es “un gran problema”,  pero no tiene sentido ni utilidad cantaletear lo que ya todo el mundo  sabe. La culpa no es solo del sistema de justicia y la “jurisprudencia de la corrupción” que ampara y protege a los corruptos, o de los funcionarios ladrones que nos estrujan en la cara, sin ningún pudor, sus fortunas mal habidas, sino también de los  que todavía les mantienen el saludo. Y sobre todo de los que permiten con su indiferencia o su tolerancia que se conviertan   en “ejemplos” dignos de imitar en una sociedad cada vez más materialista y superficial, que rinde culto al éxito rápido y el dinero  fácil, un cenagoso terreno donde políticos y narcotraficantes están en  sus aguas.