Hoy 
POR SORANGE BATISTA
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo se reservó ayer para el 28 de noviembre el fallo del juicio que en materia de apelación conoce a los sindicalistas y empresarios del transporte, condenados en primera instancia por supuesto desfalco al Estado por la suma de RD$1,800 millones, a través del Plan Renove.
El tribunal, presidido por la jueza Miriam Germán Brito, comunicó su decisión poco después de las cuatro de la tarde cuando terminó de escuchar las exposiciones del doctor Pedro A. Franco Badía, Fabio Ruiz y Gervasio de la Rosa.
La barra de la defensa del doctor Badía, Ruiz y De la Rosa, coincidieron en pedir a los jueces anular la sentencia dictada por la Quinta Sala de la Cámara Penal que los declaró culpables de los crímenes y delitos de prevaricación y desfalco en perjuicio del Estado en el caso del Plan Renove y que los declaren absueltos.
En relación a Badía sus abogados pidieron además que se haga cesar la medida de coerción en su contra y que condene al Estado al pago de las costas.
Sobre el pedido del Ministerio Público de que se elimine la referida sentencia por entender que las penas no se corresponden con la gravedad de los hechos, solicitaron al Tribunal que sea declarada inadmisible por falta de fundamento y porque la ley no lo prevee.
El fondo del caso empezó a conocerse el pasado martes 23 a las nueve de la mañana y fue reenviado a las 4 de la tarde, para ayer a las nueve de la mañana.
El martes fueron escuchados Paulino Antonio Reynoso, Alfredo Pulinario Linares (Cambita), Blas Peralta Peralta y Freddy William Méndez.
El Ministerio Público pidió al Tribunal que condene a Franco Badía a diez de años de prisión y al pago de 75 millones de pesos, que es la suma desfalcada y que ratifique la sentencia de primer grado, que lo declaró culpable de los crímenes y delitos de prevaricación y desfalco en perjuicio del Estado.
Para Ruiz, pidió el Ministerio Público, diez años de cárcel y al pago de una multa de 135 millones, mientras que para Antonio Marte demanda ocho años de prisión y 70 millones de pesos de multa, así como la confiscación de 24 unidades vehiculares que le fueron asignadas. En el caso del acusado de la Rosa, sugiere una condena de cinco años.
