Hoy 
POR TANIA HIDALGO
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para hoy a las 10:00 de la mañana el fallo sobre un incidente planteado por los abogados del Banco Central en el sentido de que se declare incompetente para conocer el recurso de amparo presentado por Ramón Báez Figueroa.
El tribunal presidido por la magistrada Sara Veras e integrado además por Ingrid Fernández y Yissel Soto Peña tomó la decisión, tras escuchar los argumentos de las partes.
Los abogados del Banco Central, Ramón Pina Acevedo, Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín y Manuel Sierra habían pedido al tribunal declararse incompetente para conocer el recurso de amparo, al argumentar que eso es competencia del Tribunal Contencioso y Administrativo «que es el que debe conocer sobre el libre acceso a la información».
En tanto, Marino Vinicio (Vincho) Castillo, Juárez Castillo Semán y José Antonio Columna, en representación de Báez Figueroa, pidieron al tribunal rechazar tal pedimento por considerarlo improcedente, mal fundado y carente de base legal.
Asimismo, solicitaron que no fuese acogido un pedimento formulado por el abogado Miguel Guzmán, de la firma consultores BDO y Asociados, de que el recurso de amparo sea declarado inadmisible. Báez Figueroa interpuso un recurso de amparo, con el cual busca que el Banco Central entregue copia fiel del borrador de auditoría de la liquidación de los activos y pasivos del Banco Intercontinental (BANINTER).
El ex presidente de la quebrada entidad bancaria, a través de sus abogados sostiene que la no entrega del borrador de auditoría por parte de las autoridades monetarias, representaría una violación a las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Constitución, el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 4 de la ley Monetaria y Financiera.
Indican los abogados que mientras el Banco Central reclama US$74,280,355,448.57 como supuesto perjuicio en el proceso que se le sigue a Báez Figueroa, «al mismo tiempo le comunica a éste que no ha concluido la auditoría de la liquidación de activos y pasivos del banco, que debería ser la lógica base de la reclamación civil y, más aún, que el borrador se encuentra en fase de discusión entre los auditores y el querellante, suprimiéndole el derecho a nuestro cliente a obtener el acceso a una prueba tan importante a su favor y negándole que pueda participar y ofrecer las informaciones de lugar acerca del trabajo de auditoría».
El Banco Central de la República Dominicana había comunicado oficialmente a Ramón Báez Figueroa el 21 de diciembre del año 2006, mediante acto de alguacil número 870-06, que el borrador de la auditoría de la liquidación de los activos y pasivos del Banínter había sido emitido ya por la empresa BDO Ortega & Asociados y que se encontraba en el proceso de discusión.
