BOGOTA (AFP).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia al pago de 6,5 millones de dólares por una masacre de 19 personas cometida por paramilitares en 1987, un fallo histórico por ser la primera vez que un tribunal internacional responsabiliza al país por la acción de esos grupos de ultraderecha.

La Corte, tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió por tercera vez una condena contra Colombia, en esta ocasión por el asesinato el 6 de octubre de 1987 de 19 comerciantes, ocurrido en Puerto Boyacá, un municipio del centro del país.

El fallo, al cual tuvo acceso la AFP, obliga a Colombia a pagar una indemnización de 6,5 millones de dólares a las familias de las víctimas, reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos, reabrir la investigación para castigar a los culpables y erigir un monumento para que el país no olvide la masacre.

El alto tribunal halló responsable al Estado colombiano por la violación de los derechos a la libertad, la integridad y la vida, y concluyó que en esa época las autoridades avalaban y se inclinaban en favor del fortalecimiento de los grupos paramilitares.

La Corte estimó que las actuaciones de la justicia colombiana para esclarecer los hechos no fueron «satisfactorias», pues transcurridos 17 años de la masacre sólo a seis personas fueron condenadas, sin que se sancionaran a los jefes del grupo paramilitar ni a cuatro altos miembros de la brigada del Ejército que operaba en la región.

El tribunal hizo un fuerte llamado de atención frente a la actuación de la Justicia Penal Militar en los casos de violaciones de derechos humanos.

Los hechos ocurrieron en una finca del corregimiento Cimitarra, zona rural de Puerto Boyacá, donde un grupo de paramilitares, amparados por la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), detuvo a 17 comerciantes y luego los asesinó.

Al parecer, los paramilitares derechistas los mataron por no pagarles un tributo que les exigían para poder transportar las mercancías por esa zona y por supuestamente vender armamento a la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los cadáveres fueron descuartizados y lanzados a un riachuelo. Quince días después de los hechos dos familiares de los comerciantes que los buscaban también fueron asesinadas por los paramilitares.

Según el fallo, el grupo de paramilitares que operaba en la región del Magdalena Medio «actuaba con la colaboración y apoyo de diversas autoridades militares de los batallones de dicha zona.

El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, dijo que su gobierno respeta el fallo del tribunal y anunció que analizará el caso de los militares presuntamente vinculados a la masacre.

«Este es un país de leyes, que tiene que respetar el ordenamiento jurídico, respetar a las cortes que lo hacen cumplir, por eso vamos a estudiar muy cuidadosamente el alcance de la sentencia y cómo la va a honrar Colombia», aseveró.

Familiares de las víctimas pidieron este jueves a Uribe que cumpla el fallo. Uno de ellos, Luz Marina Pinzón, dijo sentirse muy satisfecha y que espera que el Estado colombiano «mire y revise lo que está pasando con nuestras fuerzas militares».

El fallo es aún más significativo por el hecho de que la OEA es la única organización internacional que acompaña el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que busca desmovilizar a unos 20.000 combatientes antes de 2006.