SAN JOSE (AP).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchó el martes en audiencia pública el caso de dos niñas a quienes supuestamente República Dominicana negó la nacionalidad por tener ascendencia haitiana. «El Estado (dominicana) tiene la práctica de negar a niños nacidos en el país pero de ascendencia haitiana su derecho a la nacionalidad. Esto es discriminatorio», dijo a la AP Roxana Altholz, del Centro por la justicia y el derecho internacional (Cejil).

Los familiares de las niñas solicitaron en 1997 el acta de nacimiento ante un oficial del Registro Civil dominicano quien les negó la solicitud diciendo que tenían apellidos extraños y, además, que el Estado tenía la política de no registrar hijos de inmigrantes haitianos.

Después de cuatro años de litigio las menores recibieron el acta de nacimiento sin cumplir con los requisitos exigidos.

«Las niñas nunca cumplieron con todos los requisitos. El Estado con tal de deshacerse del problema les dio las actas de nacimiento», criticó Altholz, quien representa a las supuestas víctimas ante la Corte.

En el 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la CorteIDH una demanda contra República Dominicana por la posible violación de los derechos a la nacionalidad, reconocimiento de personalidad jurídica, garantías judiciales y derechos del niño.

Según la entidad, la negativa del Estado provocó que las niñas se vieran obligadas a permanecer en una situación de continua ilegalidad y de exposición a ser expulsadas de su país por falta de un documento que probara su identidad.

En cuanto a las reparaciones esperadas, Altholz dijo que esperan una indemnización y algún cambio en la legislación interna para prevenir que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

«Por ejemplo de los requisitos deberían eliminar el que dice que los padres deben comprobar su condición de legalidad en el país. Nada tiene que ver el probar que el niño nació en el territorio con el estatus legal de los progenitores», señaló Altholz.

Por su parte, los representantes del Estado plantearon que no se ha cometido ninguna de las violaciones a la Convención Americana alegadas por la CIDH y Cejil.

Una decisión de los magistrados se podría dar a conocer en los próximos tres o cuatro meses, durante el siguiente periodo de sesiones de la Corte en su sede en la capital costarricense.