Directora de Persecución MP dijo entramado también habría sustraído recursos del Conani

La Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó ayer la prisión preventiva impuesta contra el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro Montero y el cabo Tanner Flete Guzmán, imputados por el entramado de corrupción desarticulado mediante la Operación Coral.

Los recursos de apelación de Núñez de Aza, sindicado como el cerebro financiero de la red, y de Montero fueron conocidos por la Tercera Sala de la Corte de Apelación, que ratificó la decisión de la Oficina de Atención Permanente de esa jurisdicción que los envió a la cárcel de Najayo por 18 meses.

Mientras que el recurso de Tanner Flete Guzmán, hijo de la pastora e imputada Rossy Guzmán, fue ventilado en la Segunda Sala de la Corte de Apelación, la cual confirmó la medida de coerción impuesta por el tribunal de primer grado.

El fallo de la Segunda Sala se encontró con el voto disidente de la presidenta del tribunal, Ysis Muñiz, que consideró que la medida cautelar idónea para Tanner Flete debía ser una garantía económica.

También en el Conani. La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló que los imputados de este caso también habrían sustraído fondos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

La procuradora adjunta indicó que el MP descubrió que Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos, y que también está bajo investigación una exdirectora de esta entidad de atención infantil que no fue identificada.

“Robar y distraer dinero del Estado que debe ir a la alimentación y cuidado de niños en situaciones precarias, como los que van a Conani, es un crimen atroz y terrible”, expresó.
La representante del MP recordó que la red, encabezada por el mayor general Adán Cáceres, también está acusada de desviar fondos de los cuerpos especializados de Seguridad Presidencial (Cusep) y de Seguridad Turística (Cestur), y que con este dinero el grupo habría adquirido bienes millonarios, entre ellos un yate.

“Hoy podemos decir que andan por más de los RD$700 millones las operaciones (de la red), cuando preliminarmente el monto era muy inferior y son montos que en el día a día se van actualizando en función de que hemos ido descubriendo nuevas adquisiciones de bienes”, sostuvo.

Reynoso reveló que también investigan a una empleada de una entidad bancaria que no identificó, quien supuestamente hacia operaciones financieras a favor del entramado a cambio de prebendas.

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Amenazas por los bienes incautados
La procuradora adjunta dijo que ha recibido tres denuncias de los administradores de los bienes incautados, quienes afirman que han sido amenazados por personas ligadas a la red, entre ellas un mayor, y que incluso estos individuos se han presentado a las casas de los administradores.
Debió cambiar de vida
Reynoso expresó que este es el único caso que la ha obligado a cambiar de estilo de vida luego de que descubrió que dos militares tenían datos personales de ella.