Hoy 
LLENNIS JIMÉNEZ
l.jiménez@hoy.com.do
La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidirá hoy si declara inadmisible o no las dos pruebas que le incorporó antier a la defensa de Ramón Báez Figueroa, una de las cuales haría constar que durante la investigación de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter) no se realizó auditoría.
La defensa del ex banquero no escatima recursos procesales en su afán por conseguir, durante dos días consecutivos, que se anule la sentencia anterior por la vía de la descalificación de los informes del perito Luis Emilio Aurich.
Juárez Castillo Semán, uno de los abogados de Báez Figueroa, ex propietario del Baninter y de decenas de medios de comunicación, dijo, como parte de sus conclusiones, que Aurich no hizo peritaje, por lo que se rechace el recurso de oposición que a su petición presentaron el Ministerio Público y la autoridad monetaria.
El debate de este punto surgió a partir de que a la defensa técnica de Báez Figueroa la Corte le acogiera dos de 17 pruebas incorporadas.
La segunda prueba. La defensa de Báez Figueroa quiere acreditar la resolución de la Junta Monetaria, del año 2003, que ordenó la creación de una Comisión Administradora de Baninter, de acuerdo a la Ley Monetaria. Afirmaron que lo que procedía era el establecimiento de una Comisión Liquidadora de los bienes y manejadora de la deuda, con la que se aseguraría pagarles a los ahorrantes.
Pero el Ministerio Público refutó los planteamientos de la defensa y uno de los acusadores, Daniel Miranda Villalona, planteó la no pertinencia de las dos pruebas. Los abogados del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, Lorenzo Fermín, Carlos Salcedo y Francisco Benzán, objetan la petición de la defensa, sobre la base del principio legal de que la Corte no está llamada a conocer nuevas pruebas, fuera de las que se aceptaron en primer grado. La contra-réplica de Castillo Semán surgió de inmediato, para rebatir los argumentos de la autoridad monetaria, la cual le exige a la corte limitarse a determinar si la sentencia de primer grado tuvo o no bien fundada. Defensa y acusadores libran una titánica lucha desde el inicio de estas fases, el 18 del pasado mes. Las partes en este tribunal de alzada atacan la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, unos con la finalidad de que se revoque y otro de que se confirme.
La sentencia anterior fue en noviembre pasado.
La Corte tiene los salones vacíos
Las controversias de orden jurídico que se suscitan entre las partes no son seguidas por la población, contrario a lo que ocurría en primer grado, cuando la gente abarrotó los salones.
A la Corte no acuden visitantes. Ayer, los bancos sólo los ocupaban los abogados, algunos de cuales consideran que esto hace suponer que el caso, por alegada estafa, perdió interés para la mayoría de las personas. Esto sucede un año y medio después de los acalorados debates en el tribunal inferior que impuso a Báez Figueroa una condena diez años prisión y multa por RD$63 mil millones. En la tarde ayer hasta los técnicos del sonido se dormían durante la audiencia. Mientras los jueces Ignacio Camacho, presidente; las magistradas Wendy Martínez y Nancy Joaquín, miembros del tribunal, escuchaban los alegatos de las partes, el abogado de Vivian Lubrano, Ricardo León Cordero, y el Luis Álvarez Renta, Joaquín Zapata Martínez, revisaban las conclusiones de sus defendidos. El abogado Artagnan Pérez Méndez se paseó por los laterales del salón como para no dejarse dejarse vencer del sueño que trataba de vencerlo. A las 5:00 de la tarde se paró del cojín que se coloca al duro banco, como otros abogados…
Su colega, Pina Acevedo estoicamente aguantaba, con un aire acondicionado que enfría hasta las palabras. Marcos Báez Coco y Álvarez Renta, implicados en este caso por supuesto lavado de activos y doble contabilidad, se mantienen dando vuelta en el tribunal.
