POR DIEGO PESQUEIRA
Los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional descargaron ayer a todos los implicados en la supuesta estafa millonaria cometida en perjuicio del Estado a través del Plan Renove, tras anular en todas sus partes la sentencia condenatoria emitida por la jueza Esther Agelán Casasnovas, de la Quinta Sala Penal del Distrito.

También, los magistrados Ignacio Camacho, presidente; Luis Omar Jiménez y Nancy Joaquín Guzmán, confirmaron la sentencia de primer grado en la parte que descargó al empresario Juan Julio Morales (Johnny) y al ex presidente del Plan Renove, Siquió Ng de la Rosa.

Asimismo, rechazaron la apelación que hizo la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO) en contra de la decisión que favoreció a varios de los imputados. 

La corte ordenó el cese de las medidas de coerción que les fueron impuestas a los procesados, por considerar que los sindicalistas actuaron como representantes de entidades choferiles y que las unidades no fueron distribuidas por ellos, sino por el Plan Renove.

Los favorecidos con la sentencia de la Corte de Apelación fueron Fabio Ruiz Rosado, Pedro Franco Badía, Casimiro Antonio Marte Familia, Alfredo Pulinario Linares (Cambita), Freddy William Méndez, Paulino Antonio Reynoso, Blas Peralta, Francisco Antonio Pérez, Milciades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa, quienes habían sido condenado la noche del 17 de octubre del año 2005.

El grupo de ex funcionarios, transportistas y sindicalistas, había sido acusado de presuntamente haber malversado más de mil millones de pesos del Plan Renove.

Aclaran, los jueces, que los sindicalistas firmaron un contrato de venta condicional de vehículos, sujeto al cumplimiento del mismo, siendo el Estado el garante.

Sostienen, los magistrados, que los sindicalistas están cumpliendo con los pagos de las unidades.

La Corte estableció que si los miembros del consejo incurrieron en una falta, está no sería de tipo penal, sino de carácter administrativo.

En primer grado, la jueza Esther Agelán, declaró “no culpables” al ex secretario de las Fuerzas Armadas y ex director del Plan Renove, Ramón Emilio Jiménez Reyes y al ex director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Diógenes de la Cruz Castillo, pero el Ministerio Público no presentó apelación en sus casos.

Mientras que Franco Badía fue condenado a tres años de reclusión menor en su residencia y al pago de 15 millones de pesos a favor del Estado.

Ruíz y Amaro Guzmán habían sido condenados a cuatro y tres años.

Mientras que Marte Familia y De la Rosa fueron condenado en primer grado a tres y dos años.

Contra Peralta se impuso una pena de seis meses de cárcel.

Linares, conocido como Cambita, fue condenado a seis meses de prisión correccional que, atendiendo a su edad, deberá cumplir en su residencia.

Méndez fue condenado a seis meses de prisión correccional en su residencia.

Contra Pérez también se había impuesto prisión por seis meses en su residencia.

ACUSAN CORTE

Los procuradores adjuntos Hotoniel Bonilla y Francisco García, acusaron a los jueces actuantes de responder a los intereses del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH).

Los representantes del Ministerio Público, quienes anunciaron que recurrirán ante la Suprema Corte de Justicia, afirmaron que el juez Ignacio Camacho, quien presidió la Corte, estaría alegadamente comprometido con el PPH.

Manifestaron que desde que el caso fue remitido a la Tercera Sala de la Cámara Penal plantearon a sus superiores la intensión de recusar a los magistrados.

Alegaron que la decisión en la que se descargó a los implicados en el Plan Renove, demuestra que no se puede confiar en la justicia.

“Esa Corte responde a intereses del PPH, por esa razón teníamos la intensión de recusarlos”, precisó Bonilla. A seguidas dijo confiar en que la Suprema Corte de Justicia enmendará el error cometido en la Corte.

Las declaraciones de los representantes del Ministerio Público, Bonilla y García, fueron interrumpidas por la abogada Ingrid Hidalgo, quien pidió respecto para los jueces en especial Camacho.

A juicio de Hidalgo es una injusticia ligar al magistrado Camacho con asuntos políticos.