Dos casos ante la Corte Suprema sobre el registro policial de teléfonos celulares sin órdenes judiciales ofrecen panoramas muy diferentes de estos aparatos. ¿Es un utensilio determinante para los delincuentes o un domicilio virtual para los estadounidenses?

La respuesta de los jueces podría determinar el final de los casos que se argumentarán el martes. Un narcotraficante y un pandillero quieren que la corte determine que el registro de sus teléfonos tras su detención violó su derecho a la intimidad en la era digital. La Casa Blanca y California, que defienden los registros, sostienen que los teléfonos celulares no son diferentes a cualquier otra cosa que pueda llevar una persona cuando es detenida. La policía puede revisar esas pertenencias sin una orden judicial.