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LA HAYA, (AFP) – En un fallo salomónico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio la razón ayer lunes a Honduras por la soberanía de cuatro islas en el Caribe en disputa con Nicaragua, aunque estableció una nueva frontera marítima que reconoce parte de los reclamos de Managua sobre 130.000 km2.
La sentencia del tribunal presidido por la británica Rosalyn Higgins fue calificada de «bueno para los dos países» por los representantes de Nicaragua y Honduras en La Haya y recoge argumentos de «una y otra parte» en un complicado análisis que hace referencia a la jurisprudencia internacional, la historia, el derecho marítimo y cuestiones geográficas particulares.
En ese marco, y por votación unánime, los 17 jueces de la CIJ reconocieron que Honduras «tiene la soberanía» sobre los cayos Bobel, South, Savanna y Port Royal, ubicados en torno al paralelo 15 norte y reclamados por Nicaragua en su demanda introducida ante la CIJ en 1999. «Honduras ha demostrado un conjunto de actos considerables sobre su intención de ejercer como soberano de Bobel, South, Savanna y Port Royal. En cuanto a Nicaragua, la Corte no encontró ninguna voluntad de ejercer su soberanía», dijo Higgins al leer el fallo en la gran sala de audiencias del Palacio de la Paz, sede de la CIJ.
En cambio, el tribunal concluyó que «no existe línea tradicional fronteriza a lo largo del paralelo 15» norte, como pretendía Honduras y negaba Nicaragua, y estableció un nuevo límite que sigue una bisectriz que avanza hacia el noreste desde un punto ubicado tres millas mar adentro de la desembocadura del río Coco, ubicado sobre ese paralelo y frontera terreste entre ambos países. De este modo, la nueva frontera marítima que planteó la CIJ otorga a cada uno de los países parte de lo que reclamaba, ya que no se ajusta al paralelo 15 norte, como exigía Honduras, ni al paralelo 17, como era la pretensión máxima de Nicaragua.
La causa se remontaba a diciembre de 1999, cuando Nicaragua presentó una demanda ante la CIJ días después de que el Congreso hondureño ratificase un tratado limítrofe con Colombia firmado en agosto de 1986, que según Managua atacaba parte de su soberanía en el mar Caribe.
En su presentación, Nicaragua había pedido a la Corte de La Haya que «determine el trazado de una frontera marítima única» entre las aguas territoriales, la plataforma continental y las respectivas zonas económicas de exclusión de ambos países, en particular una superficie de 130.000 km2 en el mar Caribe.
Foco permanente de tensión entre los dos vecinos, que se acusaron mutuamente de militarizar sus fronteras y violar la franja marítima en disputa, motivó la intervención de la OEA.
