Hoy 
POR TANIA HIDALGO
Después de más de cuatro horas de deliberaciones, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó ayer que la Cámara de Cuentas realice una auditoría a los Programas Eventual Mínimo de Empleo (Peme) y de Acción Barrial (Probada), creados durante el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, a fin de determinar el monto real del alegado fraude por el cual es procesado Luis Inchausty, su hermana Grecia Peguero y León López Mata.
Las magistradas Sarah Veras (presidenta del tribunal), Daira Medina y Giselle Soto tomaron la decisión, tras acoger un pedimento planteado en ese sentido por el Ministerio Público representado por los fiscales adjuntos Ybo René Sánchez y Ramona Nova, quienes argumentaron que no tienen control pleno de la investigación porque las pesquisas de ese expediente fueron realizadas por el juez de instrucción apoderado del caso a raíz del sometimiento a la justicia de los acusados.
En principio en el expediente figuraban además los altos funcionarios Diandino Peña, Simón Lizardo y Haivanjoe Ng Cortiñas, pero posteriormente fueron excluidos por el Ministerio Público.
El tribunal otorgó un plazo de dos semanas, a partir de la lectura de la presente sentencia, para que le suministren el listado de los peritos que las partes envueltas en el proceso desean sean designados.
Asimismo, dispuso que una vez nombrado los peritos, éstos dispondrán de un plazo de dos meses para la auditoría.
En ese sentido, el tribunal de primera instancia fijó la continuación del proceso para el 6 de noviembre próximo a las 9:00 de la mañana.
La decisión fue fundamentada en el artículo 8.2, letra g de la Constitución y en los artículos 204, 213, 305 del Código Procesal Penal.
Los tres imputados están siendo juzgados por un alegado desfalco al Estado por 1,438 millones de pesos a través de los programas Peme y Probada.
En horas de la mañana, la Fiscalía del Distrito Nacional admitió en audiencia que carecía de pruebas para sustentar la acusación.
Los fiscales adjuntos dijeron que el Ministerio Público no investigó ese proceso y que desconocen a cuanto realmente asciende el desfalco porque nunca se hizo una auditoría. ¿Cuál fue el monto? ¿Cuál fue la cantidad desfalcada?, la Providencia Calificativa habla de mil 438 millones de pesos y la Cámara de Calificación de mil 411 millones de pesos, refirieron los fiscales adjuntos.
