Los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazaron a unanimidad la recusación del Ministerio Público a la jueza Patricia Padilla y justificaron la decisión de ésta, de permitirle a Jochy Gómez viajar a dos países hasta donde se extienden las investigaciones del órgano acusador contra el principal imputado en el caso Intrant.

Para los magistrados Doris Josefina Pujols, Ramona Rodríguez y Rafael Báez, “no existe ninguna causa fundada en motivos graves” que afecte la imparcialidad o la independencia de la magistrada Padilla”, como alega el MP en la recusación.

Afirman que las decisiones de la jueza apoderada del caso sobre el proyecto de semaforización “ fueron emitidas en el ejercicio de sus funciones, en el marco de su competencia y con apego a los principios legales y procesales que rigen la actuación judicial”.

Resaltan que, tal como adujo en su defensa la jueza recusada, ella no tiene trato privilegiado con los imputados, sino, que “ha mediado en el proceso la protección de derechos fundamentales de terceros, en especial, los de los hijos menores de edad de uno de los imputados (de Jochy), según lo establecido en el artículo 56 de la Constitución, que reconoce el interés superior del niño, como principio rector de cualquier decisión que lo afecte”.

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“Así, aún cuando un adulto esté bajo un proceso penal, el Estado no puede desentenderse del impacto de esa situación sobre sus hijos menores y debe armonizar el cumplimiento de las medidas cautelares, con el interés superior del niño…”, agrega la recusada en su informe.

Motivos de la recusación

El alegato principal de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca) para recusar a la magistrada Padilla, es un supuesto “favorecimiento injustificado” del imputado José Angel Gómez Canaán, a quien, incluso, señala la jueza llama por su apodo, al permitirle permiso de salida a Panamá, en donde el MP mantiene que, “es una de las estructuras de lavado (de activos) vinculada a Gómez”.

También a los Estados Unidos, “en donde tenemos testigos y pruebas que provienen de allá, como en el caso del señor Michel Maure, una de las pruebas fundamentales del Ministerio Público, que demuestran la falsedad en las contrataciones y los vínculos con Transcore Latam S.R.L., lo cual pone en peligro la investigación, permitiendo a imputados disponer de los bienes y también acercarse a las partes que se encuentran en el exterior, que fueron apartadas en la medida de coerción”, agrega.

Mirna Ortiz, titular de la Pepca, resalta en la recusación, que la solicitud de variación de medida para que Jochy pudiera viajar al extranjero, le fue notificada por la jueza Padilla un viernes a las 12:12 de la tarde, otorgándole un plazo de 48 horas para responder e indicó que se pudo verificar que los viajes privados del imputado “estaban programados previo a la autorización de la juzgadora”.