La Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció este martes que remitirá a la Fiscalía el caso de presunto fraude procesal y soborno de testigos que tiene en detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe porque considera que con la renuncia del político al Senado ya no tiene competencia sobre el mismo.

«Por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista sobre conductas como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia dejará a disposición del fiscal general de la nación (Francisco Barbosa) al detenido», detalló la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal en un comunicado.

Uribe, a quien la Corte mandó a detención domiciliaria el pasado 4 de agosto, renunció 14 días después a su escaño en el Senado y por ello perdió su fuero de congresista, que era lo que permitía al máximo tribunal llevar su caso.

Jaime Granados, abogado del exmandatario, aseguró hace dos semanas que su cliente hizo esta solicitud porque «la Constitución Política, así como la propia jurisprudencia del alto tribunal determinan claramente que en este caso, como en cualquier otro en el que los hechos investigados no se relacionan con la actividad parlamentaria, se procederá a este traslado».

DECISIÓN UNÁNIME

La Sala Especial de Instrucción de la Corte tomó la «decisión unánime» de remitir la investigación a la Fiscalía por «tratarse de delitos comunes y, además, por no encontrarse vínculo alguno de los hechos con la actividad funcional de legislador o que fueran su necesaria consecuencia, o el medio y oportunidad propicia para su ejecución o un desviado o abusivo ejercicio de funciones».

«Como quiera que Álvaro Uribe Vélez se encuentra cobijado con la medida de aseguramiento de detención preventiva (…) quedará a disposición del fiscal general de la nación por virtud de estas diligencias», expresó la Corte.

Añadió que a partir de este martes empezó «el procedimiento de entrega del expediente, compuesto por numerosos cuadernos, así como al copiado de múltiples medios magnéticos contenidos en el mismo».

PETICIÓN DE FISCAL AD HOC PARA EL CASO

El senador Iván Cepeda, contraparte del proceso, aseguró el lunes que recusará al fiscal Barbosa y pedirá uno ad hoc para el caso porque considera que hay «impedimentos objetivos» que le impiden al funcionario realizar con celeridad la investigación.

La razón para la recusación es un probable conflicto de intereses ya que el fiscal Barbosa es amigo de vieja data del presidente colombiano, Iván Duque, del partido de derechas Centro Democrático, fundado por Uribe en 2014 y quien ha defendido numerosas veces a su mentor.

Cepeda manifestó que además solicitará que para este caso la terna a fiscal ad hoc sea propuesta por la Corte Suprema porque el presidente Duque, a quien le correspondería esta labor, «no ha disimulado en estos días» los «intereses que tiene con relación a este proceso».

«No solamente ha expresado públicamente cuáles son sus simpatías, ha hecho una defensa a ultranza del hoy exsenador (…) Así que también adelantamos desde ya que vamos a señalar que el señor presidente está impedido para intervenir de cualquier forma en el nombramiento de un fiscal ad hoc», detalló el congresista, quien dijo que acataría la decisión de la Corte en el caso.

El proceso que tiene a Uribe en detención domiciliaria comenzó en 2012 cuando demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

El proceso contra Cepeda cambió cuando el magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso, no solo lo archivó sino que le abrió una investigación por supuesta manipulación de testigos a Uribe.