Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos debatió por segunda vez el martes si el gobierno puede detener a un inmigrante considerado para deportación por tiempo indefinido sin otorgarle una audiencia.

El asunto quedó irresuelto el año pasado, debido a que el máximo tribunal, entonces de ocho jueces, estaba dividido en partes iguales.

Se vaticina que ahora que el juez Neil Gorsuch se ha sumado a la banca, habrá un desempate. Aun así, los magistrados debatieron intensamente el martes al igual que lo hicieron cuando escucharon los argumentos por primera vez en noviembre.

El caso en cuestión es una demanda colectiva presentada por un grupo de inmigrantes que habían permanecido detenidos por largos períodos. Entre ellos hay algunos que enfrentaron una posible deportación por haber cometido un crimen y otros que habían llegado a la frontera buscando asilo.

El Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito con sede en San Francisco falló en favor de los inmigrantes, bajo el argumento de que, en general, deben tener derecho a una audiencia de fianza después de seis meses de detención, y posteriormente cada seis meses si continúan arrestados.

El tribunal dijo que el gobierno debe probar por qué deben de permanecer tras las rejas. El gobierno impugnó el fallo, lo que es una postura compartida por los gobiernos de Obama y Trump.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), la cual presentó la demanda a nombre de los inmigrantes, dijo que cerca de 34.000 inmigrantes están detenidos en Estados Unidos y que el 90% de sus casos son resueltos en seis meses.

El juez Stephen Breyer dijo que en la mayoría de los casos en los que una persona es detenida, obtiene una audiencia para determinar si debería ser liberada.

La jueza Elena Kagan indicó al abogado gubernamental Malcom Stewart que las personas que buscan asilo tienen derechos constitucionales como «no ser torturados o ser enviados a realizar trabajos forzados».

Insinuó que un derecho similar «no debe de ser colocado en confinamiento arbitrario».

Pero el fallo del tribunal de apelaciones sobre que una audiencia es necesaria seis meses después de que alguien fue arrestado, o cada seis meses en caso de seguir detenido, pareció dar algo en qué pensar a los jueces. «¿Dónde dice seis meses en la Constitución? ¿Por qué seis? ¿Por qué no siete o cinco u ocho?», cuestionó el juez Samuel Alito al abogado de la ACLU Ahilan Arulanantham.