Corte Suprema EU propina duro revés a Bush

Corte Suprema EU propina duro revés a Bush

WASHINGTON (AFP).- La Corte Suprema de Estados Unidos propinó este lunes un duro revés al gobierno de George W. Bush, al negarle la posibilidad de invocar la lucha contra el terrorismo para negar a los detenidos en Guantánamo y a un prisionero estadounidense, la posibilidad de defenderse legalmente.

Las consecuencias de esas decisiones podrían ser importantes porque cuestionan los principios elaborados por la Casa Blanca, el Pentágono y el departamento de Justicia tras los atentados del 11 de setiembre de 2001.

Las sentencias fueron aplaudidas por varias organizaciones de protección de los derechos civiles, que denunciaron durante más de dos años la «negación de justicia» a los prisioneros estadounidenses y extranjeros.

Una de las decisiones cuestiona claramente la legalidad de las detenciones de prisioneros en Guantánamo, Cuba.

En una resolución adoptada por 6 votos contra 3, el alto tribunal decidió que los «tribunales de Estados Unidos tienen jurisdicción para considerar apelaciones sobre la legalidad de la detención de extranjeros capturados en el exterior en conexión con hostilidades y encarcelados en la base de Guantánamo».

La cuestión, según el juez John Paul Stevens, quien escribió la sentencia en nombre de la mayoría, es saber si un tribunal federal es el marco jurídico para «determinar la legalidad de una detención ilimitada decidida por el poder ejecutivo, de individuos que afirman ser completamente inocentes». Su respuesta fue afirmativa.

Cerca de 600 personas, la mayoría de ellas capturadas en Afganistán a fines de 2001, están actualmente detenidas en Guantánamo, sin haber sido formalmente inculpadas, y sin acceso a abogado alguno. Ni siquiera se benefician del estatus de prisioneros de guerra definido por la Convención de Ginebra.

Los tres jueces más conservadores de la Corte Suprema, entre ellos el presidente William Rehnquist, expresaron su desacuerdo con la decisión de la mayoría.

Se trata, escribió el juez Antonin Scalia, de «una abrogación irresponsable de una ley existente sobre un tema de extrema importancia para nuestras fuerzas que están ahora en el terreno».

En cambio, las organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la American Civil Liberties Union (ACLU), opinaron que las decisiones de la corte fueron «históricas».

«Estas decisiones históricas constituyen un rechazo fuerte de la argumentación del gobierno según la cual sus acciones en la guerra contra el terrorismo están fuera del marco de la ley y no pueden ser examinadas por los tribunales estadounidenses», indicó ACLU en un comunicado.

La Corte Suprema afirmó en sentencia aparte que un estadounidense, detenido en secreto como «combatiente enemigo», tiene derecho a apelar la detención y defenderse ante un tribunal.

«Aunque el congreso también autorizó la detención de combatientes en las circunstancias alegadas en este caso, el debido proceso implica que un ciudadano detenido en Estados Unidos en calidad de combatiente enemigo tenga una verdadera posibilidad de apelar los hechos que originaron su detención ante una instancia neutral», declaró la alta corte.

Esa decisión fue tomada en relación al caso de Yasser Hamdi, un estadounidense de origen saudita capturado en compañía de combatientes talibanes en Afganistán a fines de 2001.

Yasser Hamdi «debería tener la oportunidad de probar que no era un combatiente enemigo», subrayó la Corte Suprema.

El estatus de «combatiente enemigo» permitía hasta ahora la detención ilimitada y en secreto de individuos, sin inculpación formal, en una prisión militar.

Yasser Hamdi está detenido en Charleston, Carolina del Sur (sudeste). Su abogado había pedido a la Corte Suprema que autorice a su cliente a ser escuchado respecto «a las razones de su encarcelamiento» y que pudiera «dar su versión de los hechos».

La principal instancia jurídica estadounidense no examinó, sin embargo, el expediente sobre José Padilla, de 33 años, supuesto miembro de Al Qaida acusado de haber intentado hacer explotar una «bomba sucia» en Estados Unidos. Su apelación fue rechazada por «vicios en el procedimiento».

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