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BOSTON (AP).- Una corte federal de apelaciones dictaminó el miércoles que la Corte Suprema de Puerto Rico, y no un juez del fuero federal estadounidense en la isla, tiene jurisdicción sobre boletas cuestionadas en las elecciones a gobernador.
La corte falló que los tribunales federales no pueden entrometerse en elecciones locales, salvo excepciones muy particulares.
El fallo devuelve la prolongada elección a gobernador a la Suprema Corte de la isla para que revise miles de boletas en disputa que favorecen al candidato Aníbal Acevedo Vila del Partido Popular Demócrata.
De esta forma, el juez federal de Distrito Daniel Domínguez no tiene ninguna jurisdicción. El Supremo ya había determinado que las papeletas son válidas.
El panel de tres jueces de la corte de apelación señaló que Domínguez erró al asumir jurisdicción sobre la demanda radicada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) impugnando, entre otras cosas, miles de papeletas estatales con cruces bajo un partido, y al lado de los candidatos de otro partido.
La mayoría de estos votos favorecen al candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá.
Los resultados preliminares de las elecciones del 2 de noviembre le dan una ligera ventaja a Acevedo Vilá respecto al ex gobernador Pedro Roselló, que está a favor de que Puerto Rico se convierta en un estado.
Acevedo Vilá obtuvo un 48,38% respecto al 48,18% de Roselló, del Partido Nuevo Progresista.
En las conflictivas papeletas, los electores marcaron una »x» para votar por el diminuto Partido Independentista Puertorriqueño, pero también marcaron junto a los nombres de Acevedo Vilá y Roberto Prats, el candidato del Partido Popular Democrático para obtener la plaza de delegado en el Congreso de Estados Unidos.
Los partidarios de Acevedo Vila dicen que las leyes puertorriqueñas permiten marcar a un partido además de los candidatos de los principales movimientos políticos.
Sin embargo, el abogado de Roselló dijo que era imposible de esa forma determinar la verdadera intención de voto.
El mes pasado, tanto la Corte Suprema de Puerto Rico como Domínguez ordenaron un nuevo conteo, pero discreparon en la forma de hacerlo.
