WASHINGTON (AP) — Los magistrados de la Corte Suprema dieron el miércoles indicios claros de que están dispuestos a permitir que Arizona aplique una de las partes más controversiales de su estricta ley de inmigración, al permitir que autoridades verifiquen el estatus migratorio de ciertas personas si tienen motivos para creer que están sin permiso en el país.

Jueces liberales y conservadores por igual reaccionaron escépticos al argumento esgrimido por el gobierno del presidente Barack Obama, en el sentido de que el estado se extralimitó en su autoridad al contemplar esas verificaciones y otra medida, que permitiría la detención de presuntos inmigrantes carentes de permiso sin una orden judicial.

Se trata de dos de las partes más polémicas de una ley estatal que busca combatir severamente la inmigración no autorizada.

«Se puede ver que esto no es muy convincente», dijo la jueza Sonia Sotomayor, primera hispana en llegar a la Corte Suprema, en un comentario al representante del gobierno de Obama ante el tribunal, Donald Verrilli.

Se desconocía la decisión que tomará la corte respecto de otros aspectos de la ley que han sido suspendidos por tribunales federales inferiores. Las otras provisiones bloqueadas convierten en un delito el que los inmigrantes no tengan documentos de registro sobre su ingreso al país, y el que busquen o tengan un empleo.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien firmó la ley hace un par de años, estuvo presente durante los argumentos finales.

La confrontación más reciente ante el máximo tribunal entre el gobierno federal y los estados se centra en el papel que pueden ejercer estos últimos para fijar políticas de inmigración. Esencialmente, ese tema está bajo el control del gobierno federal.

Verrilli trató de persuadir a los magistrados de que debían ver la ley entera, como algo inconsistente con la política federal de inmigración. Añadió que la verificación del estatus permitiría que el estado se «involucrara en términos efectivos en la detención masiva» de inmigrantes carentes de permiso.

Pero el juez presidente John Roberts figuró entre los que criticaron la descripción hecha por Verrilli sobre las verificaciones del estatus migratorio, al considerar que el estado sólo quiere notificar a las autoridades federales cuando tengan bajo custodia a alguien que probablemente se encuentra sin autorización en Estados Unidos.

«Me parece que el gobierno federal no quiere simplemente saber quién está aquí ilegalmente o no», dijo Roberts.

En tanto, cientos de personas se congregaron en las inmediaciones de la Corte Suprema, para gritar consignas, mostrar carteles y escuchar a oradores que simultáneamente presentaron argumentos a favor y en contra de la polémica ley.

La revisión de la ley de Arizona por parte del máximo tribunal del país abordó particularmente la disposición que exige a la policía, cuando esté vigilando el cumplimiento de otras leyes, preguntar a las personas su condición migratoria en caso de que los agentes sospechen que algunos de esos individuos se encuentran en el país sin autorización.

En el argumento de cierre del caso, el miércoles, los jueces analizaron si las cortes federales inferiores estuvieron en lo correcto al bloquear esa y otras disposiciones clave.

El gobierno federal impugnó la ley en la Corte Suprema poco después de su promulgación. Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah aprobaron leyes similares, partes de las cuales siguen detenidas mientras la corte superior llega a una decisión.

La audiencia en corte se llevó a cabo mientras el virtual candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, busca la manera de aminorar el fuerte apoyo que recibe el presidente Barack Obama de parte de los votantes hispanos. Romney debió abordar temas de inmigración mientras enfrentó a otros republicanos en las elecciones estatales primarias del Partido Republicano.

El lunes, Romney señaló que estaba considerando una amplia variedad de las políticas migratorias, entre ellas una propuesta del senador republicano Marco Rubio, de Florida, que daría a cerca de 11 millones de inmigrantes no autorizados una oportunidad de obtener visas para permanecer en territorio estadounidense.

Para muchos hispanos, la ley de Arizona y el tema de la inmigración serían factores decisivos en su voto. Por lo tanto, resultaba crucial para ellos la audiencia del miércoles en la corte.

Georgina Sánchez, mexicana de 40 años llegó a la sede del tribunal con otras 14 personas desde Phoenix, como parte de una organización llamada Promesa Arizona. El grupo portaba una imagen de la Virgen de Guadalupe y otra de Jesús crucificado.

«Vinimos a Washington para que se escuche sobre lo que está pasando en Arizona: discriminación, temor por los niños, separación de familias y persecución policial», explicó Sánchez.

Frank Sharry, director de una organización llamada America’s Voice, contraria a la ley, dijo, «para nuestra generación, este caso en la Corte Suprema es el caso más importante de los derechos civiles para los latinos, y que subraya la gran interrogante de si los latinos son realmente aceptados en el país o no».

Pero por otro lado, simpatizantes de la ley de Arizona manifestaron también sus posturas. Michael McLaughlin condenó el hecho de que 16 países latinoamericanos hayan presentado un informe anexo y ajeno a las partes confrontadas en la controversia sobre la ley de Arizona, para sugerir que ésta sea rechazada.

«Vivimos en un mundo bizarro, 16 países latinoamericanos presentaron un (informe de) ‘amicus curiae’, y nueve legisladores estatales se quejaron sobre la ley», lamentó McLaughlin. «¿Desde cuándo los gobiernos extranjeros creen que pueden intervenir en temas de la soberanía estadounidense?»

Los defensores de medidas más estrictas para combatir la inmigración no autorizada mostraron pancartas con mensajes que decían, «Jesús ama la SB1070», en referencia al nombre formal de la iniciativa de ley, y «Dios nos ama tanto que nos dio Arizona SB1070», así como «El crimen no se detiene en la frontera».

Se espera que una decisión en el caso de inmigración, con implicaciones amplias, se tome en junio, cuando republicanos y demócratas estarán acelerando sus campañas para los comicios presidenciales de noviembre.