La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, y la Segunda de Santiago, comenzarán a operar en febrero próximo como Corte de Apelación de Reestructuración y Liquidación, hasta tanto sean designados los jueces de esas nuevas instancias judiciales.
La decisión fue tomada ayer por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley número 141-15, del 7 de agosto, de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.
El magistrado Mariano Germán, presidente del CPJ, pidió a los responsables de designación de las demás estructuras para el funcionamiento de las jurisdicciones, cumplir con su rol.
La Ley 141-15 tiene como objetivos establecer los mecanismos y procedimientos para proteger a los acreedores, ante la dificultad financiera que puedan impedir a sus deudores el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
También, lograr la continuidad operativa de las empresas y personas físicas comerciantes, mediante los procedimientos de reestructuración o liquidación judicial, conforme son definidos en la ley, entre otras cosas.
La norma rige para las personas físicas comerciantes, nacionales o extranjeras, y las empresas nacionales y las domiciliadas o con presencia permanente en el país, excepto aquellas cuya participación mayoritaria o control es ejercido por el Estado, y las de intermediación financiera regidas por la Ley 183-02; intermediarios de valores, bolsas de valores, sociedades titularizadoras, entre otras entidades.