LOS ANGELES. AP. Niñas con trenzas y colas de caballo, chicos con tejanos y tenis junto a sus padres ocupaban la corte de inmigración del juez Frank Travieso para saber cuánto tiempo podrían estar en Estados Unidos.

Travieso advirtió a las familias en su tribunal en Los Angeles de los miles de folios de leyes de inmigración y jurisprudencias que podrían afectar sus casos, y les exhortó a contratar un abogado. “No quiero asustarles, quiero garantizar que sus hijos tengan una audiencia plena y justa”. Entonces les dijo que se fueran y regresaran hasta febrero.

Esta escena podría volverse más frecuente a medida que las cortes de inmigración, ya abrumadas de trabajo atrasado, se aprestan a recibir la ola de niños centroamericanos que han cruzado la frontera desde México en los últimos meses. Es tal el trabajo acumulado en las cortes que una audiencia puede demorar hasta 3 años, y muchos temen que la situación se agrave.

Para muchos inmigrantes, la demora obra a su favor porque saben con cuánto tiempo cuentan antes de que se resuelva su caso. “La situación es de una magnitud tal como nunca habíamos visto”, dijo Lauren Alder Reid, asesora de asuntos legislativos y públicos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, la sección del Departamento de Justicia que administra las cortes.

Las cortes de inmigración están abrumadas. Cuentan con apenas 243 jueces para manejar más de 375,000 casos. Los inmigrantes que no están detenidos pueden tardar meses o años en recibir una audiencia, ni que hablar de una sentencia. Abogados de inmigración dicen que los jueces ya están programando audiencias para 2017.

El gobierno del presidente Barack Obama ha dicho que expeditará el procesamiento de miles de niños y familias que llegan a la frontera con Texas huyendo de la violencia y la extorsión de las pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Desde octubre, más de 57,000 menores no acompañados han llegado al país, y el gobierno está instalando alojamientos temporarios o transportándolos por avión a otros estados. Ha pedido al Congreso recursos de emergencia por US 3,700 millones para enfrentar la crisis, lo que incluye designar más jueces.