A medida que se desarrollan fármacos y procedimientos avanzados para proteger la salud y la vida, mayor resulta el costo de la atención médica. Cuando los progresos son extraordinarios, el encarecimiento se vuelve en extremo prohibitivo para una mayoría de personas de escasos recursos. Una efectiva disponibilidad de seguros de salud acortaría distancia entre el ingreso promedio y el acceso al avance científico. Pero ese no es el caso en República Dominicana donde la protección es insuficiente y de manera creciente el asegurado es forzado a cubrir de sus bolsillos parte del gasto en salud con una exigua cobertura en medicamentos.

Un sector de empleadores que incumple sus obligaciones con la seguridad social, evadiendo o limitando el amparo a sus asalariados, resta ingresos al sistema y genera precariedad a la asistencia en contra del derecho a la salud; con el agravante de que el poder adquisitivo de la generalidad de los trabajadores está erosionado por sueldos bajos que no han sido compensados por años de los efectos de la inflación. Dramáticas estadísticas sobre el empobrecimiento de las capas medias bajas y muy bajas plantean claramente un riesgo para la convivencia nacional. Preocupantemente, se ensancha la brecha entre un sector bien remunerado o en posesión de riqueza y el resto de la sociedad que no gana lo suficiente o no puede mejorar sus limitadas condiciones.

DUDAS QUE NO SE DISIPARÍAN 

Ha sido tan persistente el empeño de los partidos tradicionales por seguir manejándose sin total claridad mientras permanecen expuestos a intereses cuestionables dispuestos a contribuir financieramente a sus causas, que un proyecto de ley insuficiente para establecer controles, pero aplaudido por casi todos ellos, tendría que ser aceptado a regañadientes por la sociedad. Algo es algo, peor es nada.

Todo indica que la ley que regiría las actividades partidarias en función de un consenso no acoge a plenitud el reclamo nacional de normas que garanticen un uso pulcro del dinero de variado origen que llegue a las arcas partidarias, y que evite que el proceder de los políticos esté condicionado por el peso de contribuyentes espurios; ni persistan brechas que les permitan emplear recursos públicos para comprar adhesiones.