RAFAEL TORIBIO
Para evitar que lo que ocurre en el país se entienda como algo particular y único, frente a acontecimientos que pudieran considerarse como insólitos, se suele decir que “en todas partes se cuecen habas”, pero se olvida que las habas se cuecen de distintas maneras y que hay formas muy particulares y características de cocerlas. Es posible que algunas de las cosas que suceden en el país también ocurran en otros, pero la forma en que nosotros las hacemos puede que sea muy particular, lo que nos puede hacer, si no únicos, sí algo diferentes. A continuación paso a señalar y comentar algunas de esas formas particulares de hacer y soportar algunas cosas.

Después de varios años de diálogo y búsqueda de consenso, una ley ampliamente demandada es finalmente aprobada, pero sucede entonces que es desconocida y violada por quienes deben aplicarla, e incluso por los que la aprobaron, no una vez, sino varias. Este es el caso, entre otros, de la Ley General de Educación, sobre todo en relación al compromiso de la inversión anual, la del Servicio Civil y Carrera Administrativa y la que estableció el Código Monetario y Financiero.

Cada Presidente de la República espera que se establezca mediante una ley lo que puede ser resuelto por una decisión suya en forma de decreto. Es lo que ha sucedido con la regulación de la contratación de obras y servicios por parte del Estado. En vez de abolir o regular, de forma inmediata, el grado a grado y las compras realizadas por el sector público, se espera que se haga por una ley del Congreso, con todo lo que eso supone en términos de tiempo y contenido. Si se aprueba, puede ser muy tarde, y con un contenido distinto del que fue sometido.

Prácticamente desde que nacimos como país independiente hemos dependido del exterior para poder ejecutar cosas importantes para nuestra supervivencia y desarrollo. Y esto en vez de mejorar se ha agravado con el tiempo. En la actualidad, el Estado Dominicano depende de la asistencia internacional, en forma de ayuda técnica o financiera, para realizar y financiar las reformas que  se necesitan para el desarrollo del país y de las personas. Los recursos del Estado, en su casi totalidad, solo dan para gastos operativos y, dentro de éstos, para el pago de bajos sueldos.

Frente al señalamiento de algún informe que evidencia que estamos rezagados, o una crítica que indica lo que debemos hacer para lograr mayores niveles de desarrollo, la respuesta es comparar el país con alguno que está en peores condiciones. En vez de compararnos con países que están mucho mejor que nosotros y tratar de hacer lo que ellos hicieron, preferimos hacerlo con los que están en peor condición. Es una forma de justificar lo que no se hace y, encima, querer decir que no estamos tan mal porque otros están peores

En toda disposición que establece un plazo para que se cumpla una decisión adoptada, la tradición indica la necesidad de contemplar una extensión del plazo. Como esa es la costumbre, el cumplimiento de la disposición se deja para el último momento y cuando termina el plazo, vienen las protestas y las demandas de que se extienda. Se estima que es una injusticia que no se haga, y la administración termina cediendo. Eso sucede normalmente en los casos de la renovación de las placas, la revista y ahora con el color de los carros del concho.

Una situación que se ha hecho cotidiana, pero no por ello deja de ser preocupante y vergonzante, es la costumbre de otorgar un plazo para que personas y empresas que se encuentran en la ilegalidad terminen de estarlo. En vez de que la justicia proceda en estos casos, algunos de los cuales caen en el ámbito penal, se prefiere dar una oportunidad, lo que representa la tolerancia de la ilegalidad sin culpabilidad. Antes se ha hecho con la “amnistía fiscal” y ahora por la disposición de la Oficina  Nacional de Derecho de Autor que dio un plazo a quienes, personas y empresas, sustraen las señales satelitales, que venden a los usuarios sin pagar los derechos de autor.

Otra situación muy particular, rayando casi en lo insólito, es lo que sucede periódicamente con el material que sirve de base a documentos necesarios, unos e imprescindibles y otros necesarios para los ciudadanos. En numerosas ocasiones nos hemos percatado que a la Dirección General de Pasaportes se le han terminado las libretas para confeccionar los pasaportes y, recientemente, no había en el país el plástico que se usa para la emisión de la cédula de identidad y electoral.

En pocos países, y en ninguno desarrollado, puede verse, como sucede aquí, que se establezcan paradas para recoger y dejar pasajeros precisamente donde un letrero indica que está prohibido, y que se haga bajo la mirada indiferente, complaciente y cómplice de un agente de la Policía Nacional o de AMET que están para impedirlo. También, quizás sólo aquí suceda que cuando un conductor que cruza en rojo el semáforo y otro le llama la atención se reciba un gesto de reproche y de incomodidad. Quizás esto que pasa en materia de transporte sea por las tolerancias soportadas y las aberraciones institucionalizadas, resumida en la frase de que “quien da por detrás es el culpable”, aunque el chocado haya hecho un brusco giro y luego detenerse, en disputa de un pasajero.

En una entrega posterior seguiré con otras cosas de este país nuestro.