Los residentes de Santiago han optado por expulsar por su cuenta a los haitianos que residen de manera ilegal en sus comunidades y barrios. Hacen algo incorrecto porque hay organismos oficiales encargados de regular la permanencia de extranjeros en el país, aunque hay que comprender que si los santiagueros han tomado esta iniciativa es porque las autoridades no están cumpliendo la función que tienen a cargo.

   Nadie puede negarle a los santiagueros el derecho a protegerse de la degradación ambiental y actos reñidos con la ley que se atribuye a los haitianos indocumentados, pero es obvio que deben hacerlo acudiendo a las autoridades correspondientes. Nadie sin autoridad puede tomarse la ley por sus medios y actuar por vía directa contra los actos que perjudican sus intereses.

De manera pues  que, si se quiere evitar que se generalice esta tendencia, la autoridad competente en materia de migración tiene que asumir la responsabilidad de actuar conforme manda la ley, respetando los derechos individuales pero haciendo lo que corresponde en caso de estada ilegal. El Estado dominicano no tiene como política el maltrato a los indocumentados haitianos, pero parece temer al coro de censura que se levanta para denunciar las repatriaciones. Los santiagueros tienen razón, pero no pueden hacerla valer por sus medios.

Atrincherados en la sinrazón

Abogados de mucho prestigio, algunos de ellos expertos en materia constitucional, han expresado su censura a la sanción por mayoría simple  de observaciones del Poder Ejecutivo a leyes orgánicas. Entre esos juristas hay gente con posición de primer orden en el propio Gobierno. Los únicos que se han atrincherado en la sinrazón son los legisladores que cometieron el atropello a la Constitución y que se reiteran en la falta al desnaturalizar dos artículos de la Carta Magna.

Se puede entender que, por cuestión de orgullo y por no dar el brazo a torcer, estas voces mantengan la letanía de defensa de su acto en el caso particular de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Será cuestión de esperar a ver las causas o motivaciones de tanta persistencia contra lo que indica el texto constitucional y reafirman con argumentos contundentes tantos prestigiosos jurisconsultos.