Cada vez que se avecina el inicio de un período de gobierno, aun sea del mismo presidente, los diversos sectores que componen el escenario nacional comienzan a hacer conjeturas y propuestas obre lo que cada uno entiende conveniente. Esto se parece mucho a si el mandatario quisiera subirse a un medio de transporte, que todos quieren ser quienes provean el vehículo, la forma de montarse y sobre todo, el recorrido que precisa seguir y la velocidad a debe ir.

Tomando en consideración esa realidad, lo recomendable siempre será, que los gobernantes, escuchando opiniones, hagan esfuerzos por visualizar la forma más conveniente y precisa sobre la relación que debe existir entre Estado, Gobierno y Nación, que le permita producir los cambios y reformas que se precisan realizar para lograr una democracia funcional y la creación de una economía eficiente al alcance de todos. Pero teniendo claro que al final el conductor es quien debe tomar la decisión final, porque para eso se le dio el mandato.

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La democracia y la economía interactúan como dos factores concomitantes que se influyen mutuamente. Si las economías son pobres, las posibilidades de funcionamiento de una democracia eficiente son menores. Pero a su vez, el aumento de la eficiencia en cuanto a la forma de gobernar y en cuanto a la participación de la Nación, es uno de los factores determinantes del desarrollo económico.

Realizar adecuadas inversiones e inducir convenientes cambios estructurales para lograr mayor eficiencia del Estado y un manejo más efectivo de la producción de bienes y servicios para la sociedad, es el camino más aconsejable para aminorar las condiciones de pobreza y poder elevar la capacidad productiva como vía hacia el desarrollo.

He expresado durante años que políticos y expertos se empeñaron en preconizar que mientras más grandes son los gobiernos y más extensas sus funciones, más ineficientes es la presencia del Estado. Dentro de esas presunciones han entendido que las Naciones se benefician directamente en cuanto menor sea el tamaño de sus gobiernos y más pequeñas sean las funciones que asuman para su manejo y control directo, mediante pautas concebidas dentro de un esquemas, a mi juicio distorsionados, ya que la realidad demostró que muchas actuaciones pasadas, resultaron contrarias a dichos postulados.

Por eso he advertido que esos procesos inducen a la sociedad a una dicotomía que en cierto modo fue degenerado en confrontación entre los denominados sectores públicos y privados. Porque esa percepción de alguna manera tienden a crear, a nivel de los sectores populares, una mentalidad que los convierte en valores que rigen los comportamientos colectivos e impiden, en cierto modo, la formulación de políticas y la aplicación de medidas, que en determinado momento son necesarias y que benefician directamente a esos sectores.

Gracias a Dios en la actualidad existen grupos y dirigentes con ideas claras sobre las posibilidades de los gobiernos; sobre la función y la necesidad de estructuras gubernamentales operativas; sobre el papel limitado de la libre empresa; sobre la necesidad de coordinar algunas funciones entre los sectores público y privado; y sobre todo, de la conveniencia de cambiar, de reformar y crear nuevas estructuras ágiles y simples en el manejo para la prestación de servicios básicos y para bienestar de la sociedad, que son las que hacen eficientes y funcionales las democracias.