Hoy 
De nuevo las armas en poder de la población retoma su condición de tema de debate, en circunstancias en que la criminalidad asedia a los organismos que deben garantizar la seguridad ciudadana.
El desarme generalizado, que no ha dado en ocasiones anteriores los resultados apetecidos, se replantea como alternativa para amortiguar los efectos de la inseguridad.
Sería interesante realizar un cotejo estadístico en el que conste el número de crímenes y agresiones cometidos con armas ilegales, en comparación con aquellos ejecutados con armas legalmente autorizadas. No hay que ser una especie de gurú para adivinar el balance de semejante ejercicio, pues es de pura lógica que las armas portadas en buena lid difícilmente se utilicen para otra cosa que no sea el resguardo del portador, aunque consta que muchos crímenes pasionales se han cometido con armas autorizadas.
Se deduce que las operaciones de desarme traerían consigo los molestos registros de vehículos y ciudadanos que tantos trastornos causaron en el pasado y que tantos recursos demandaron para terminar sirviendo ridículos beneficios.
Esas operaciones de decomiso de armas no han tenido la incidencia necesaria en los índices de violencia y delincuencia, y replantearlas en estos momentos puede ser un indicador de que las autoridades no tienen idea de lo que deben hacer para garantizar la seguridad ciudadana.
II
Las autoridades tienen que admitir que además del abundante número de armas en poder de civiles, la criminalidad tiene otras causas y otros alicientes. En este último renglón encaja la notable benignidad de la Justicia, que facilita la vuelta al ruedo de delincuentes, aún de aquellos sorprendidos en flagrante delito.
Otra causa de armamentismo es la búsqueda de seguridad, que al no ser garantizada por las autoridades induce a la adquisición de armas, mayormente para ser portadas como manda la ley.
Despojar a la población civil de las armas adquiridas legalmente dejaría intacto al fantasma de inseguridad que aterra a todos y que agrede con armas clandestinas.
Si las autoridades parecen a la defensiva en materia de seguridad ciudadana no deben ser los ciudadanos quienes paguen las consecuencias con fastidiosos operativos de registro y desarme.
Posiblemente una de las causas principales de incapacidad en el combate contra la delincuencia está en las nóminas salariales de los policías, que tienen que enfrentarse a delincuentes mejor armados y equipados que ellos.
III
Aquí tenemos que abandonar el criterio inmediatista y coyuntural para ocuparnos de planificar estrategias que permitan articular controles efectivos sobre el comportamiento de la sociedad.
Los operativos de registro provocan molestias y trastornos a los ciudadanos y severos gastos al erario, para terminar dejando intactos los problemas de inseguridad, los índices de criminalidad.
En lugar de estas costosas y molestas escaramuzas, se requieren medidas científicas que mejoren la capacidad de respuesta de las autoridades en todos los sentidos, no solamente en el represivo, sino también en el ámbito del castigo.
Para lograrlo hay que analizar cada una de las aristas de este problema social que se ha agravado por acumulación, por no haber hecho las autoridades a su debido tiempo lo que ha debido hacerse para atacar las raíces y causas de un mal social que no se cura con salidas cosméticas.
