SAN JOSE (AP).- Los costarricenses desconfían de los efectos que pueda traer al país el tratado de libre comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA-RD), según los resultados de una encuesta divulgada el miércoles. El estudio de opinión fue realizado por la escuela de Matemática de la Universidad estatal de Costa Rica, detalló en rueda de prensa el catedrático Jorge Poltronieri.

«La población no cree que el TLC (tratado de libre comercio) sea la única alternativa para el desarrollo de nuestro país… La encuesta demuestra la preocupación y desconfianza que tiene el pueblo en estos temas’’, destacó Poltronieri.

Según el estudio, un 63% de los encuestados consideró que el país no quedaría «perdido’’ sin el CAFTA-RD. También un 46% aseguró que el tratado traerá pobreza y un 55% cree que debería negociarse otro acuerdo.

Además, un 65% apuesta a que el CAFTA-RD provocará la privatización de los monopolios estatales del Instituto de Electricidad (ICE) y del Instituto de Seguros (INS).

El tratado —en el caso costarricense— contempla el compromiso de abrir esos monopolios y los críticos consideran que esa apertura será una privatización. En la encuesta, un 60% dijo que no se debe privatizar el ICE, contra un 23% que se manifestó a favor.

Sobre aspectos a favor del CAFTA-RD, para un 46% el convenio traería beneficios al país y un 57% aseguró que producirá empleo, contra un 37,5% y un 30%, respectivamente, que no lo ve así.

Las preguntas fueron aplicadas a una muestra de 1.000 personas en todo el país, mayores de 18 años entre el 3 y 20 de junio. Tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales.

El presidente Oscar Arias apoya abiertamente la ratificación del CAFTA-RD, que se encuentra en discusión en el Congreso.

Otro análisis de opinión reciente indicó que el apoyo local al convenio bajó un 20 puntos porcentuales al pasar de 61% en octubre del 2005 a 41% en agosto. El estudio consultó 1.200 personas y contaba con un margen de error de 3 puntos porcentuales.

La consulta analizó otros temas, entre ellos varios proyectos de concesión vigentes como la administración y remodelación del principal aeropuerto del país por parte de la firma Alterra y la revisión obligatoria de vehículos que realiza la empresa Riteve.  Para un 58,5% el gobierno «debe rescindir el contrato con Alterra por incumplimiento de deberes’’, en tanto otro 60% afirmó que «la concesión al consorcio español (Riteve) es corrupta’’.

«La empresa privada no ha respondido, no ha podido hacer el trabajo que tenía que hacer y el Estado debe poner atención a esto si quiere seguir impulsando la privatización’’, dijo Poltronieri.