JOSÉ LOIS MALKUN
¿Cuánto le ha costado al fisco dominicano el intento reeleccionista de Leonel Fernández? Alrededor de 43 mil millones de pesos. Eso equivale a un 8% de la deuda externa.

Un 22% de la deuda del Banco Central por los certificados de participación. Y un 14% del Presupuesto del 2008.

¿Cómo llegamos a esa cifra? Muy sencillo. Si el Gobierno hubiera extendido el acuerdo con el FMI hasta el 2009, el superávit fiscal hubiera sido de un 1.0% del PIB, equivalente a unos 25 mil millones de pesos (el FMI quería 1.5%). Como no lo hizo para tener las manos libres durante la campaña electoral, en vez de superávit tendremos un déficit de un 0.7% del PIB, equivalente a 18 mil millones (en el mejor escenario).

¿En qué se han gastado 43 mil millones de pesos? El Gobierno congeló desde enero el precio del gas y de la electricidad absorbiendo todos los aumentos derivados de los precios internacionales. Eso ha representado en cinco meses alrededor de 15 mil millones de pesos. Los indiscriminados subsidios proselitistas a sectores y bienes costarán unos 10 mil millones de pesos, si muchos de ellos se eliminan antes de agosto. En prensa y propaganda se han gastado unos 4 mil millones en estos cinco meses. Y en nominillas, PEMEs y otras orgías salariales se gastarán unos 6 mil millones. Todas estas partidas suman 35 mil millones. La diferencia de 8 mil millones búsquenlas en los gastos propios de compra de opositores, contratos de obras fantasmas para ayudar a ciertos aliados y en el barril sin fondo del Metro, de donde se han sacado grandes partidas para la reelección.

El país quedará traumatizado y quebrado después de estas elecciones y por eso decimos que ahora le toca el turno a la sociedad civil. Eso incluye a los sindicatos y confederaciones laborales, a las organizaciones del sector empresarial (industrial, agropecuario o de servicios), a los colegios y colectivos profesionales, a los centros de educación superior y a las ONG, que patrocinan esfuerzos en el ámbito productivo, social e institucional. Todas juntas deberán actuar rápido para forzar un cambio de estrategia que reencause a la nación.

Algunas de estas organizaciones, especialmente empresariales, no deben seguir confabulando con el poder político, porque al final de cuentas, son ellas las que cargarán con el mayor costo de los desequilibrios generados por esta reelección. Esas confabulaciones causaron, en su tiempo, la debacle bancaria. Esa sociedad civil tiene que usar todo su poder para presionar al Gobierno electo a consensuar un plan de emergencia que rescate al país de la crisis que se avecina y a prepararse para un nuevo acuerdo Stand By en enero del 2009.

Y hay que hacerlo arrancando desde antes del 16 de agosto. Porque de lo contrario sería una irresponsabilidad mayúscula dejar que las nuevas autoridades asuman ese rol sin un respaldo colectivo que frene los conatos de rebelión social que pueden producirse.