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En la República Dominicana, al igual a como sucede en casi todos los demás países de la América Española y el Caribe, la mayoría de las personas entendidas en materia de economía y educación acepta que el crecimiento económico de los últimos años no ha aportado un cambio de la misma magnitud en las relaciones entre las clases sociales y en las formas en las que opera la distribución del ingreso entre los diversos estratos. En ese mismo lapso de tiempo, la demanda de educación y la oferta de la misma provocaron un sinnúmero de repercusiones en la estructura social, en discrepancia con las tendencias prevalecientes en las relaciones entre las clases sociales y el poder público. En el prefacio de la serie de cinco libros que reúne las ponencias presentadas durante la Reunión Internacional sobre los Nuevos Roles de la Educación Superior a Nivel Mundial, el caso de América Latina y el Caribe promovida por la UNESCO y celebrada en Caracas, Venezuela, durante los días 2 y 3 de mayo de 1991, leemos lo siguiente: “Las expectativas de cambio y de movilidad social pueden generar grandes tensiones, entre una generación y otra, cuando se logra una cierta expansión de la educación. Como la educación maneja las grandes masas de una sociedad, pasa a tener un papel crucial en la determinación de las relaciones entre los grupos y clases sociales, en las políticas educativas y en las movilizaciones políticas, por lo que muchas de las políticas educativas llegan a ser políticas de control de aquellas relaciones, ideologías y movilización”. En ese contexto cabe afirmarse que en países como el nuestro aflora un estilo educativo más acorde con la modernización social que con la simple congelación política, tecnocrática, o con la exclusiva formación de recursos humanos.
Debemos de evitar que nuestras intenciones de corregir los problemas que afectan a nuestro sistema de instituciones de educación superior, y de destacar los factores estratégicos que definirán su porvenir, no nos lleven a cometer el mismo error que cometieron los independentistas latinoamericanos con la importación e imposición en sus respectivos países de un modelo de universidad como el napoleónico muy distinto a lo que tradicionalmente se había entendido como tal. Dicho error fue enmendado siglos después por la Reforma Universitaria de Córdoba. Tengamos siempre presente que la universidad napoleónica no es más que es un organismo estatal al servicio del gobierno que la financia y organiza y que fija, no sólo sus planes de estudios, su administración y el nombramiento de sus catedráticos, sino hasta la moral pública que ha de inculcar a sus estudiantes. Debemos de tener muy en cuenta que por alejado que estén nuestros países de aquellos más industrializados, la creciente globalización implica que los trabajadores y los productos de esos países compitan con los de los nuestros. Y que por aisladas, circunscritas o protegidas que estén nuestras universidades, sus egresados estarán siendo medidos según normas y estándares ajenas a las tradicionales.
Para definir qué cambiar y qué conservar de nuestras instituciones de educación superior debemos partir de un claro conocimiento de sus actuales condiciones para establecer luego cuál es el perfil que deseamos para ellas. La educación es considerada hoy como la vía por excelencia para enfrentar los graves y acuciantes problemas de la pobreza y de las desigualdades sociales. Esta nueva visión de la educación debería ser entrelazada con una estrategia nacional de competitividad unida a planes de acción contra todos esos males.