Costo político de defender la soberanía medioambiental

Costo político de defender la soberanía medioambiental

El mundo cambia, cambia incesantemente y sigue cambiando. Algunos pretenden no darse por enterados de esos cambios y hasta se ponen reticentes a ellos. En los últimos días ha sido rico el fluir informativo sobre una controversia de difícil digestión y que es  claro ejemplo del costo para los pequeños países de asumir posiciones de defensa soberana ante transnacionales. Recientemente República Dominicana vivió una experiencia exitosa que seguramente le servirá de antecedente para la firma de futuros contratos, especialmente mineros. La minería no es mala de “per se”, lo que hay que saber prever los riesgos ecológicos y exigir la aplicación de la tecnología adecuada para neutralizar los efectos contaminantes, además de otras acciones apropiadas.

El que sectores sociales ecuatorianos estén pretendiendo que la transnacional petrolera Chevrón, hoy propietaria de la Texaco, pague una multimillonaria multa por concepto de indemnización al estar acusada de contaminación en la Amazonia ecuatoriana –dos millones de hectáreas- ha generado situaciones realmente incomprensibles. Texaco se retiró de Ecuador en 1992 y la organización comunitaria Frente de Defensa de la Amazonia la responsabiliza por daños ecológicos severos por haber vertido millones de litros de contaminantes por la no utilización de una tecnología que ella misma había desarrollado y que aplicaba en los EE. UU., pero no en Ecuador, para la reinyección segura de residuos. Aunque inicialmente la demanda fue presentada en cortes estadounidenses –más intransigentes en temas medioambientales- Chevron insistió, y logró, en que se trasladase a cortes ecuatorianas, donde finalmente fue sancionada al pago de una multa de 9,500 millones de dólares que se duplicaría, como efectivamente se ha duplicado, si se negaba a reconocer el fallo. No fue el Estado ecuatoriano quien demandó a la empresa aunque ésta, se asegura, se ha virado contra el Estado de Ecuador. Según el gobierno la transnacional ha invertido más de 400 millones y contratado 900 abogados para desconocer el fallo. Para el Presidente Correa se trata de “uno de los mayores desastres ambientales del planeta”.

El caso ha llegado a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya amparado en un Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y EE. UU., firmado en 1993, después de la salida de Texaco del Ecuador y en vigencia a partir de 1997 por lo que la parte ecuatoriana argumentaba que no tenía carácter retroactivo pero el tribunal se declaró competente y acaba de emitir un fallo para anular la sentencia ecuatoriana. Tengamos en cuenta ciertos aspectos: el diferendo surge mucho antes de que asumiese un gobierno de “izquierda” que ha sido objeto de severas campañas; ante el derrame de crudo en el Golfo de México la British Petroleum ha respondido ante gobierno y pueblo norteamericano con el pago de 37 mil millones por diferentes conceptos. Justa defensa y protección de la soberanía ambiental.

En este mundo se ha ido evaporando el imperio de las bananeras “mamita yunai” y de las petroleras “siete hermanas”.

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