Hoy 
JESÚS DE LA ROSA
Al final de cada año escolar, aquí afloran las quejas de padres de familias por los aumentos justificados o no en el costo de matriculación de sus hijos en colegios privados. En las páginas de los periódicos de mayor circulación suelen aparecer sus declaraciones, denunciando siempre lo mismo: que los dueños de colegios aumentan de manera antojadiza el costo de las matriculaciones y que el Secretario o la Secretaria de Educación se muestra indiferente frente a la situación que los afecta.
Conforme a lo establecido en la Ley General de Educación y en la Ley 86-00 sobre Regulación del Desempeño de Colegios Privados, la Secretaría de Estado del ramo está legalmente facultada para regular el costo y la calidad de los servicios que prestan esas entidades, las que, dicho sea de paso, aquí no están conceptualizadas como empresas comerciales con fines de lucro, sino como organizaciones de servicios públicos gerenciadas por particulares.
Para impedir la ocurrencia de alzas desmesuradas en las tarifas de pagos de los centros de enseñanza de carácter privado no se necesita de más leyes, basta y sobra con que se apliquen las vigentes y que se proceda a categorizar los colegios privados y a publicar los resultados en la página Web de la Secretaría de Educación. Una vez conocida la calidad de cada uno de esos planteles privados, los padres de familias sabrían a qué abstenerse.
En la actualidad disponemos de 13 mil 250 escuelas públicas y de 3 mil 800 colegios privados reconocidos. De los 2 millones, 533 mil escolares que tenemos, el 80.5% cursan estudios en escuelas, liceos y politécnicos públicos. Aquí existen más escuelas públicas buenas que colegios privados buenos; también, más escuelas públicas malas que colegios privados malos. Todo es cuestión de estadística. Si la mayoría de los padres de familias supieran dónde están localizados las escuelas y liceos públicos que imparten enseñanza de igual o superior calidad que la que ofrecen los mejores colegios privados, estos últimos no tuvieran tanta demanda.
La Secretaría de Educación debería publicitar sus mejores escuelas. Ahí están los liceos experimentales adscritos a las universidades; los liceos Panamericano y Estados Unidos de América; los politécnicos Víctor Estrella Liz y Cristo Rey; y cientos de escuelas, liceos y politécnicos distribuidos en toda la geografía ofertando enseñanza gratuita de alta calidad. Y qué decir del Instituto Politécnico Loyola, del Politécnico Máximo Gómez, del Instituto de Formación-Técnico Profesional y del Instituto Tecnológico de Las Américas.
En la actualidad, cientos de estudiantes egresados de liceos y de politécnicos cursan estudios de grado en universidades de renombre de Estados Unidos y de Europa, becados por el gobierno del presidente Fernández; y cientos de estudiantes egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cursan estudios de especialidad, maestría y doctorado en esos países. Y, hasta la fecha, ninguno de ellos ha sido dado de baja por bajo rendimiento.
Lo que demuestra que los mejores planteles públicos son tan buenos como los mejores colegios privados de aquí, y como las mejores escuelas públicas de los países mencionados. Entonces, ¿por qué tantos padres de familias de clase media y hasta de familias que viven en la pobreza prefieren enviar sus hijos a colegios privados carísimos, en vez de matricularlos en las escuelas públicas mencionadas? Porque ignoran que tales escuelas existan o por un problema sociológico, por no decir de comparonería.
