RAMON NUÑEZ RAMIREZ
A pesar de los costos individuales y colectivos de la reforma impositiva, representa la única alternativa para renegociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que a su vez nos viabilice la renegociación de la deuda externa, la reapertura de ventanillas de financiamiento y la aplicación de un programa que permitirá restaurar el equilibrio macroeconómico y la vuelta a tasas de crecimiento como en la década anterior.

Desde que el gobierno pasado firmó en agosto del 2003 un acuerdo stand-by con el FMI era evidente la necesidad de aumentar las recaudaciones para enfrentar el déficit del sector público, sin embargo en vez de abocarse a una reforma tributaria definitiva el FMI, aparentemente atendiendo variables electorales, permitió a las autoridades la creación de impuestos transitorios y con el compromiso de disponer de un borrador de reforma en marzo de este año y su sometimiento en julio ante el Congreso. La magnitud del déficit del sector público se incrementó en el primer semestre de este año, RD$22 mil millones de gastos en exceso de acuerdo a los técnicos del FMI, lo cual ha colocado al presente gobierno en la obligación de utilizar como instrumentos una reforma fiscal parcial, de emergencia si se quiere, y un recorte del gasto, especialmente en materia de subsidios, para acometer con éxito la renegociación de un nuevo acuerdo.

Por supuesto toda reforma impositiva implica sacar mayores recursos de los bolsillos de los contribuyentes que en este caso deberán aportar esos RD$22 mil millones por la vía de una serie de instrumentos. Por ejemplo el aumento del ITBIS en 33% incrementara por lo menos en 4% los precios de todos los bienes y servicios gravados. También representa un impuesto adicional el 14% sobre los servicios telefónicos (4% adicional del ITBIS y 10% del nuevo gravamen), mientras el impuesto del 0.15% sobre los cheques y los retiros de los cajeros automáticos implicará mayores costos para las empresas, pero también para las personas físicas usuarias de dichos instrumentos financieros.

En términos macroeconómicos el Banco Central ha estudiado el impacto del aumento impositivo: Sin reforma fiscal la inflación sería 35% y el PIB aumentaría 0.7%, con la reforma el índice de precios aumentaría a 45% y el producto decrecería 1%.

Ese incremento de 10% en la inflación y caída del producto en 1%, a pesar del aumento en 0.8% en el primer semestre de este año, parten de la hipótesis de un escenario, como el presente, donde gracias al choque de expectativas se ha estimulado un descenso en la tasa de cambio, en el índice de precios y en los intereses de los certificados de participación del Banco Central.

Escenario por cierto insostenible, pues sin reforma fiscal no habría acuerdo con el FMI, tampoco renegociación de la deuda, ni recursos frescos e inevitablemente se produciría un nuevo proceso devaluatorio, aumentos generalizados en los precios, el temido default en el cumplimiento de los compromisos externos y mayores desajustes cuyos costes sobre la población serían mayores a los provenientes de la presente reforma.

La reforma fiscal representa a corto plazo un nuevo ajuste sobre los contribuyentes y un frenazo sobre la actividad económica, pero la reanudación de los acuerdos con el FMI permitirán al país recibir en lo inmediato US$66 millones de esa institución, para mejorar la posición de reservas del BC, completar el desembolso del sectorial social proveniente del BID, así como iniciar la reforma estructural del sector eléctrico con los recursos prestados por el Banco Mundial.

Los sacrificios actuales podrían ser recompensados en pocos meses con el retorno de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, gracias al dinamismo intacto del sector externo, lo cual permitirá gradualmente a los consumidores, afectados ahora con nuevos impuestos, aumentar el ingreso real y recuperar la capacidad de compra erosionada con la crisis de los últimos meses.

Lo que nunca deberíamos olvidar, individualmente y como sociedad, es que con este nuevo ajuste y los anteriores, expresados en la mayor devaluación en la historia del peso dominicano y la inflación de dos dígitos en los últimos 18 meses, estamos pagando los platos que rompieron el gobierno de Hipólito Mejía con desacertadas políticas económicas, los tres bancos quebrados y la forma como ese mismo gobierno manejó la crisis financiera pagándoles a todos los depositantes en violación de la Ley Monetaria y Financiera.

En la medida que cada uno individualmente y todos como sociedad hagamos conciencia acerca de los causantes de esta crisis, la más grave en la historia moderna de la República, en esa medida seremos capaces de distribuir las responsabilidades y que todo el peso de la justicia caiga sobre los responsables, los que fueren, de haber dilapidado una década de crecimiento con estabilidad.