Las clases en escuelas públicas y privadas, así como en universidades del Estado y particulares, sufrieron una brusca interrupción por el desastre que trajo la tormenta Noel. Ya se perdió una semana completa.

Esto, en adición a que la paralización trastornadora y grave ha cubierto otras áreas de la vida nacional.

Como las aguas no habían bajado lo suficiente ayer sábado, y persistían obstáculos por averías en puentes y carreteras, la producción y el transporte de múltiples rubros están seriamente menoscabados.

La inercia traída de súbito al trabajo  y al estudio, representa el mayor reto tanto para el gobierno como para el sector privado.

El país tiene que levantarse desde este lunes. Aulas, fábricas, fincas y medios de transportación deben recobrar vida.

El sentido de emergencia establecido por decreto del Poder Ejecutivo no debe valer solo para las compras y contrataciones urgentes del Estado.

También debe regir para la agilización de las operaciones de organismos y entes productivos, con el estímulo de tratamientos fiscales excepcionales, como en el resto del mundo. La función recaudadora del Estado tiene que acogerse a la realidad de que muchos contribuyentes han perdido parte del beneficio de sus inversiones y hasta de  sus activos fijos y materias primas.

Constituye una prioridad que todos los sectores puedan levantarse de esta desgracia reinvirtiendo y retornando pronto a la producción.

Reconocemos  que lo más urgente es subsanar el dolor de quienes, desde la pobreza, han sufrido los efectos de las inundaciones en sus propios hogares. Eso no quita que se deje de tomar en cuenta a aquellos ciudadanos que mueven la economía produciendo alimentos y otros bienes, generando divisas y empleos.

El sector de la enseñanza, a todos los niveles, debe programarse para la intensificación de sus labores habituales a fin de recuperar el tiempo perdido.

   Un primer paso

El gobierno no tuvo que propiciar la creación de ninguna ley ni dictar decretos para tomar una medida prudente y favorable a la sociedad  como fue el hecho de haber absorbido parcialmente el alza de precios de  los combustibles con lo que atenuó  el efecto que las cotizaciones internacionales del crudo hubieran tenido esta vez a nivel nacional.

En consecuencia las gasolinas experimentaron aumentos leves en la semana que terminó,  mientras que el gas licuado y el diesel oil permanecieron en los niveles en que  ya se encontraban.

Es bien conocido que los derivados del petróleo son considerablemente caros en el país a causa de los altos impuestos que sobre ellos recaen.

Es decir: el fenómeno duramente adverso que para los países que no producen crudo  ocasiona la espiral que acerca el barril a los cien dólares, es agravado para los dominicanos por una política tributaria de su propio Estado.

La energía no es un lujo, ni es un recurso que la gente pueda reemplazar o de cuyo consumo pueda prescindir totalmente y a su conveniencia.

No hay muchas actividades humanas que puedan realizarse sin consumir combustibles de origen fósil. Ellos equivalen a la sangre que nutre a toda la economía  y que hacen posible incluso  los desempeños no prioritarios del diario vivir.

En este momento de dificultades adicionales para la nación, tanto por las inundaciones como por el encarecimiento  del petróleo, lo más importante no puede ser que el fisco recaude más por la indirecta vía del consumo, sino que el Estado sea austero y eficiente y gaste menos. Que se concentre en lo esencial, útil y práctico.