JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Debido a la prodigalidad con la cual nuestra ley electoral autoriza a la Junta Central Electoral (JCE) para asignar recursos económicos a los partidos políticos reconocidos, las candidaturas sobreabundan, a tal extremo que un extinto líder para dirimir los diferendos entre los aspirantes y evitar reyertas que perjudicaran las posibilidades de triunfo de su partido, inventó la fórmula de dos y dos, la cual no fue honrada por la mayoría de los que triunfaron, alegando que ellos habían sido electos para un período de cuatro años conforme a la ley y que los pactos internos no podían modificar la misma.

Con la creación de nuevas provincias, municipios y distritos municipales, el número de candidatos ha crecido desmesuradamente, al extremo que han sobrepasado la nómina a la cual tiene derecho un partido o una coalición de partidos, como es el caso de las alianzas que han crecido como la verdolaga, lo que ha obligado a que, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, hayan tenido que ser ampliados a un costo que sobrepasan los cien millones de pesos, para albergar las plazas adicionales. Lo peor del caso es que el dispendio que realizan estos aspirantes se ejecuta de los impuestos que pagan los contribuyentes para, se supone, obras de desarrollo que nos impulsen a salir del limbo en el cual está sumido el país desde antaño.

Los candidatos, en su sórdida carrera de obtener una victoria electoral a como de lugar, se olvidan de sus limitaciones y se ponen a prometer obras, acciones y hasta repartir terrenos y recursos que no están dentro de sus facultades, aún alcancen la meta anhelada del triunfo. Es así, como con una increíble desfachatez ofrecen detener la criminalidad, el contrabando, la corrupción, la drogadicción y otros males, que es sabido no podrán erradicar por carecer de fuerza legal para hacerlo. Sin embargo, la JCE no le pone un alto a estas falsas promesas o engañifas, para que se acabe para siempre la burla al elector, quienes en cada proceso electoral se inclinan por la abstención. De seguir así, llegará el momento en que la inhibición será mayor que la votación.

En una entrega anterior habíamos planteado la necesidad de evaluar concienzudamente los candidatos por la JCE, tal y como lo hace la Suprema Corte de Justicia para la designación de los jueces. No es posible, que un analfabeto funcional, por el hecho de ser un gran activista político, pegar muchos afiches, participar en caravanas, “bandereos” y reclutar mediante dádivas algunos simpatizantes, tenga méritos suficientes para representar una comunidad. Repetimos, debe haber un cedazo que limite el número de aspirantes. Los que resulten gananciosos deberán moderar los gastos de campaña. ¿Cómo es posible que un candidato a regidor gaste de 2 a 5 millones de pesos, cuando esta suma no la recuperará en los cuatro años que estará en el cargo? Si esto lo gasta un regidor, ni hablar de los emolumentos que ponen a correr los aspirantes a síndicos, diputados o al Senado. Las vallas millonarias, los fotograbados en los vehículos y los “spot y jingles” por televisión, así como los anuncios en los periódicos y por la radio cuestan dos o tres veces más de lo que percibirán durante su gestión. Entonces, la JCE debería ponderar y moderar el dispendio que en cada proceso electoral se lleva a cabo.

Para limitar en cada campaña el número de “sacrificados por el pueblo y la Patria” que aspiran a cargos electivos, la JCE debería obligarlos a redactar un documento notarial en el cual establezcan un calendario de las obras y acciones que se proponen realizar. De no cumplir lo allí pactado, la JCE ordenaría la retención del salario de este funcionario. Asimismo, le impediría participar en las labores propias de su cargo, hasta que no cumpla con las promesas formales hechas en su campaña electoral.

Es bueno recordarles a estos pretendientes que bloqueando las principales arterias de las ciudades para “hacer bulto” y que todos se enteren de su popularidad y ascensión puede tener el efecto del castillo de naipes que fácilmente se desvanece. De igual modo, estacionar uno de los denominados “disco light” con un mensaje insulso de un candidato dispuesto a “trabajar, defender y hasta sacrificar” su bienestar por el tuyo, es pura demagogia que ya en estos tiempos ha caído en desuso. Ese infierno que reproduce música estridente con volumen que sobrepasa los decibelios que el oído normal puede soportar, sólo contribuye al desorden y a la chabacanería. Ha llegado el momento en que nuestros politicastros se transformen en verdaderos políticos, conocedores de esta ciencia que tantos éxitos ha traído a unos cuantos, pero que también ha sepultado a muchos que jamás pudieron levantarse. Por favor, seamos coherentes y los que se van a tirar al ruedo que estudien ciencias políticas para librar campañas acorde con los nuevos aires que respiramos.