El ministro Gustavo Montalvo, quien preside la Comisión de Alto Nivel para la contención y prevención del COVID-19, defendió hoy la transparencia con que se llevan los procesos de compras y contrataciones que se realizan en el estado de emergencia, tras indicar que en ningún caso se puede hablar de irregularidades en el procedimiento.

Montalvo aprovechó su intervención desde el Palacio Nacional, en la que se anuncian nuevas medidas frente al COVID-19, para hacer “algunas aclaraciones” a las sugerencias externadas por la Comisión de Veedurías que supervisa las compras y contracciones declaradas de emergencias.

En el señalamiento de la comisión en torno a que falta de unidad de criterios para los plazos reducidos en las publicaciones en la presentación de ofertas, el funcionario dijo que la mayoría de procesos están publicados entre dos y ocho días, “y que de los cinco donde la comisión señala que el plazo fue más corto, la ley permite el plazo más corto”. Sin embargo, agregó que acogieron la sugerencia y dispusieron un plazo de 48 horas para el conjunto de ofertas.

Mientras que en relación a que las informaciones no están siendo colgadas en el portal según el cronograma, Montalvo explicó que los cronogramas están todos disponibles, y en la mayoría estaban todos los documentos de la recepción de ofertas. Además, indicó que en los procedimientos de emergencia lo legal es publicar los referimientos de compras o contrataciones y los documentos que justifiquen el uso de la excepción a ser llevada a cabo, “y en todo se ha cumplido”.

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En anto que en el punto en que los veedores señalan que en la mayoría de los informes finales no se detallan el criterio por el que fueron seleccionadas las empresas adjudicadas, el ministro de la Presidencia respondió que todo eso sí consta en cada proceso del informe de la adjudicación, el cual explica si la empresa cumple o no con las especificaciones técnicas exigidas y las razones por las que fueron adjudicadas.

“Lo que presenta cierto retraso es en que en algunos casos no se publica un acta como tal, sino que se publica como acta de adjudicación, el informe final de evaluación y, en otros, aún no están disponibles” señaló Montalvo, tras indicar que en este caso, al igual que los anteriores, no se está ante una infracción a la ley o al reglamento.

Resaltó que a comisión de veeduría está mostrando gran celo y responsabilidad al señalar que la información podría ser más completa, sin embargo, insistió en que «en ningún caso se puede hablar de infracción o de faltas a la legalidad por parte de las instituciones adquirientes».