El Consejo del Poder Judicial (CPJ) dispuso la contratación de una empresa para realizar una auditoría legal-financiera del Poder Judicial, de los dos últimos años de ejercicio correspondientes al 2018 – 2019 y 2019-2020, e instruyó al Director General de Administración y Carrera Judicial a presentar mensualmente un informe financiero al organismo.

La decisión fue adoptada acogiendo una propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, la cual fue aprobada a unanimidad por los miembros del CPJ en su sesión Ordinaria celebrada el pasado 4 de junio.
En una segunda fase se realizarán auditorías permanentes hasta el 2025, con una empresa distinta a la que realice la auditoría previa, a través del acuerdo suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Estas investigaciones tienen por finalidad “detectar debilidades y recibir recomendaciones de tiempo en tiempo que permitan implementar los planes de mejoras que correspondan”, dijo el presidente del PJ.
Orden en la casa. En apenas tres meses que lleva en el cargo, Molina ha introducido una serie de cambios administrativos, que incluyen nombramientos de nuevos funcionarios, cancelaciones, traslados y jubilaciones de servidores del Poder Judicial.
También ha dispuestos medidas controversiales como la prohibición de abogados, fiscales y otros actores de procesos judiciales a instalaciones internas de los tribunales que no estén abiertas al público.
EL CPJ. Lo preside el magistrado Molina, y lo integran Nancy Salcedo Fernández, Etanislao Rodríguez Ferreira, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio T.