CPJ con  juicio disciplinario a juez liberó feminicida

CPJ con  juicio disciplinario a juez liberó feminicida

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) inicia hoy juicio disciplinario en contra de un juez de Santiago que el año pasado dejó en libertad bajo fianza a un hombre que asesinó a su ex pareja a puñaladas, y en presencia de sus tres hijos menores.

Gabriel Marchena, juez de Atención Permanente de Santiago, otorgó libertad bajo fianza al imputado, Pedro Luis Báez Sánchez, quien asesinó de varias estocadas al corazón a Gleiry María Muñoz, de 25 años, en un hecho ocurrido en una cabaña del kilómetro 6 ½ de la autopista Duarte, tramo Santiago-La Vega.

La querella disciplinaria fue presentada por el procurador general adjunto Ramón Arístides Madera, en vista de las alegadas violaciones cometidas por el juez a lo que establece el Código Iberoamericano de Ética Judicial y la Ley Sobre Carrera Judicial.

La acusación indica que Marchena “demostró una grave incongruencia en sus actuaciones…ignoró escenarios, causas y consecuencias, soslayando el agravante que el hecho ocurrió en presencia de los tres hijos menores de la  occisa, que fueron encerrados mientras se mataba a su madre”.

En el expediente aparece la señora María Jesús Pola “Susi” como denunciante, representando al Movimiento Vida Sin Violencia, y además  el testimonio de la fiscal del Distrito Nacional y ex fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, quien en ese entonces se negó a acatar la decisión de libertad.

Los jueces del Consejo, que preside el también presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán Mejía, conocerán además otras dos audiencias disciplinarias en contra de juezas acusadas de cometer faltas graves en el ejercicio.

Se trata de las magistradas Luisa Rosa García Polanco, del primer Juzgado de Paz de Tránsito, acusada de emitir siete resoluciones de inadmisibilidad de medidas de coerción contra acusados de hechos graves.

También,  Águeda del Carmen García, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santiago, quien supuestamente designaba abogados privados de su preferencia para conocer medidas de coerción que corresponden a los defensores públicos. 

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