Sostiene desde hace meses se ha montado en su contra campaña de descrédito y desinformación

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) negó ayer las presuntas irregularidades que sectores de la comunidad jurídica han denunciado sobre el nombramiento de altos cargos en el Poder Judicial, reformas en su sistema de pensiones y la gestión de los expedientes a partir del cambio a la modalidad virtualidad.

El Consejo aseveró que desde hace varios meses “se ha alentado a través de distintos espacios mediáticos una campaña de descrédito y desinformación en contra del Consejo del Poder Judicial y la persona de su presidente, Luis Henry Molina”.

Al referirse a las supuestas relaciones de confianza entre personas que ocupan puestos en el CPJ y el magistrado Molina, el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial afirmó que “todos los puestos existentes son validados por informe de Gestión Humana y han sido parte de procesos de selección exhaustivos o concursos públicos aprobados por el Consejo”.

Fernando Fernández, consejero representante de los jueces de primera instancia, aseguró que el Poder Judicial tiene diseñado “muy bien” el mecanismo de contratación de su personal y la forma en que ingresan los servidores de ese poder del Estado.

Manifestó que llama la atención que el cuestionamiento se haya producido mucho tiempo después de que haberse celebrado el concurso de oposición.

“De hecho, ninguno de los participantes hizo objeción una vez fueron revelados los resultados de ese concurso, donde fueron escogidos los actuales directores de este poder del Estado”, agregó.

Indicó que históricamente en el Poder Judicial la escala salarial de estos funcionarios ha sido diferente de otras.

Pensiones bajo reglamento. En cuanto al supuesto desvío de los fondos de pensiones de los servidores judiciales, la consejera Nancy Salcedo, representante de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y presidenta del Consejo de Retiro, Pensiones y Jubilaciones, explicó que este sistema está regulado por un reglamento que establece el porcentaje que le corresponde a cada persona.

Por su lado, el representante de los jueces de corte de apelación, Estanislao Radhamés Rodríguez, expresó que los servidores judiciales, tanto jueces como personal administrativo, son “celosos” con la independencia del Poder Judicial y con su retiro.

Procesos públicos. Estos integrantes del CPJ también negaron que haya irregularidades en los servicios judiciales y en las contrataciones para adquirir las tecnologías que implementan.

“Contrario a lo que se quiere decir, no ha habido ninguna entidad privada relacionada con el manejo y gestión de expedientes. Todos los recursos humanos y tecnológicos que operan y tienen relación con los expedientes en el proceso son internos”, dijeron.

Aseguraron que todos los procesos realizados por los órganos de apoyo del Consejo del Poder Judicial, así como por los comités, son públicos y regidos por las normativas vinculantes.