Algunos perjuicios que se atribuyen al Código Procesal Penal parecen responder más a una valoración de la práctica que a una percepción interesada. Algunos entienden que la propia normativa penal crea condiciones de las que resulta un mayor énfasis en defender los derechos procesales de los imputados que los de las víctimas de actos delictivos. Parecería que, en la práctica, la norma facilita un desbalance de las garantías en perjuicio de las víctimas.

Desde que la Ley 76-02 entró en vigencia hasta nuestros días, muchos expertos han insistido en la particularidad de referencia. La más reciente crítica al respecto la ha hecho Luisa Liranzo, procuradora fiscal de Santiago, al referirse a la facilidad conque se demoran los procesos penales, de una manera tal que las víctimas de delitos llegan a sentir que reciben de la justicia un trato más hostil que el que recibieron de sus agresores.

La queja proviene del Ministerio Público, la parte del aparato judicial que tiene el deber de sustentar la acusación contra quienes, en el ámbito penal, han perjudicado con sus conductas a la sociedad o parte de ella. Los casos de muestra de esta tendencia son abundantes y variados. Sospechamos que estamos ante uno de los estímulos de la delincuencia, la impunidad y el correspondiente alto índice de reincidencia criminal. ¿Qué hacer al respecto?

Arrabalización irremediable

Si algo caracteriza a nuestras autoridades es la dejadez ante problemas aparentemente insignificantes, pero que con el tiempo se transforman en grandes y prácticamente irremediables. La ocupación de los espacios públicos en las esquinas París con Duarte, José Martí y Juana Saltitopa comenzó con un par de vendedores, una cuestión aparentemente irrelevante. Hoy por hoy, ninguna autoridad quisiera pagar el costo político y social que acarrearía la liberación y limpieza de esos espacios.

Lo mismo está pasando con algunas estaciones del Metro de Santo Domingo, como la Mamá Tingó, para citar un ejemplo, que está siendo convertida en una plaza comercial en la que abunda más la basura que la mercadería. Y los talleres y otros negocios en las aceras del Gran Santo Domingo son un caso grave de invasión. La arrabalización tiene como su mejor aliada a la inconmovible dejadez de la autoridad.