Heriberto Morrison 
Uno de los objetivos que con mayor énfasis debe asumir la actual gestión en el cuatrienio 2017-2020, es la creación de un nuevo marco jurídico-deportivo, que derogue la vigente Ley General de Deportes No. 356-05, cuyas fallas y distorsiones han devenido en retranca para el avance institucional del sector desde su promulgación en el año 2005. Los esfuerzos anteriores por superar la situación resultaron infructuosos, a causa de la lucha de intereses y la dejadez.
Las autoridades de la cartera oficial, desde su instalación en agosto del 2016, propusieron la firma de un pacto deportivo entre los diversos operadores públicos y privados involucrados en procura del gran salto cualitativo. Dentro de su Plan Estratégico, uno de sus principales retos es la modernización del ordenamiento jurídico en nuestro sistema deportivo, un paso indispensable para el pleno desarrollo y desenvolvimiento de esa actividad, que contribuye a la superación individual y la calidad de vida de la ciudadanía.
La instauración de la vigente Ley estuvo precedida por un mal de origen matizado por diferencias, donde el sector olímpico consiguió ventajas sobre el sector deportivo gubernamental en el seno de las cámaras legislativas, combinado con cambios a la pieza original elaborada por la cartera del ramo. No fue casual en ese entonces el “activismo” del diputado Ángel Acosta, quien a la vez era Presidente de la Comisión Permanente de Deportes y Recreación de la Cámara Baja, y de la Federación Dominicana de Karate.
El proyecto de Ley concebido en tal circunstancia, fue devuelto sin promulgar el 8 de diciembre del 2004 por el entonces Presidente de la República, Leonel Fernández, quien sugería su rediscusión, por contener errores y contradicciones; entre sus observaciones puntuales cuestionaba al Consejo Nacional de Estrategia Deportiva (CONED) “por tener funciones deliberativas y de control que desnaturalizan su razón de ser y generan un conflicto con la que debe ser la máxima autoridad, que lo es la SEDEFIR, cuyas atribuciones y autoridad real quedarían disminuidas de aprobarse un supra-organismo de tales perfiles.”
No obstante, en una sesión de la Cámara de Diputados efectuada el 28 de julio del 2005, fue aprobado en única lectura el Proyecto sin que fuera objeto de las modificaciones necesarias, es decir, que el mismo fue ratificado tal como fue enviado por el Senado, con el agravante que se le dijo a la opinión pública que fueron introducidas las observaciones del Presidente de la República.
Uno de los puntos más críticos se originaría con el mandamiento del artículo 36, donde la partida del denominado Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, queda predeterminada, es decir, dividida en porcentajes entre diversas entidades, obligando al organismo oficial a hacer una distribución porcentual sin posibilidad de una priorización y conforme a su planificación estratégica.
Durante el segundo periodo de Felipe Payano al frente de la agencia (2008-2012), se formó una comisión que elaboró un anteproyecto de modificación de la Ley 356-05, el cual después de varios intentos fallidos, fue engavetado. Más adelante se trató de reintroducirlo, pero se consideró desfasado debido al surgimiento de nuevos instrumentos esenciales como la Constitución del 2010 y la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Durante la gestión de Jaime David Fernández Mirabal, se dieron los pasos para la elaboración de un anteproyecto con el objetivo de crear una nueva legislación, pero no tuvo el empuje requerido para su concreción.
Al actual incumbente, Danilo Díaz, se le presenta la gran oportunidad de trabajar sin desmayo para resolver ese vacío institucional, pues el objetivo fundamental de su gestión debe centrarse en regular y reglamentar la práctica deportiva, lo que no podrá lograrse si no se cuenta con una moderna legislación.
