La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó una honda preocupación por las denuncias sobre la existencia de un banco de datos secreto creado por Estados Unidos para vigilar a periodistas que cubren las caravanas de migrantes centroamericanos y solicitó al gobierno una aclaración sobre esta política discriminatoria que restringe la labor periodística y coarta la libertad de prensa.

La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, directora del diario colombiano El País, consideró como “muy preocupante la medida proveniente de dependencias gubernamentales estadounidenses”. Agregó que “debemos estar alertas porque esta situación nos recuerda otros casos que hemos denunciado en Latinoamérica donde en nombre de la seguridad nacional se crean ‘listas negras’ para mantener a raya a periodistas independientes y otros profesionales que resultan incómodos”.

De acuerdo con medios de prensa, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection, CBP), con la participación o conocimiento de otras dependencias del gobierno estadounidense, compilaron una lista secreta de 57 personas con su foto de pasaporte o de redes sociales, su fecha de nacimiento, procedencia e información de familiares, entre otros datos.

La lista incluye a abogados, activistas vinculados a la caravana, personas influyentes en redes sociales y diez periodistas (siete estadounidenses, dos españoles y uno mexicano).

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, director del portal mexicano de noticias La Silla Rota, dijo que “en el caso de los periodistas la creación de la lista secreta busca restringir y hacer más difícil la cobertura de un asunto de relevancia internacional. Esta es una política discriminatoria que coarta la libertad de prensa”.

El banco de datos titulado “Unidad de Operaciones en el Extranjero del Sector de San Diego: Caravana Migrante 2019, organizadores, coordinadores, instigadores y medios sospechosos”, identifica y tiene el propósito de vigilar a los señalados en la lista a su ingreso por el paso fronterizo entre las ciudades de San Diego, EE.UU. y Tijuana, México. Varios periodistas han confirmado que se les ha revocado la visa o negado su ingreso a EE.UU. y a México, y otros fueron sometidos a rigurosas revisiones aduaneras.

Domínguez y Rock coincidieron en que la acción del gobierno viola fundamentos de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Declaración de Chapultepec de la SIP, referentes a que las restricciones a la circulación de los medios y periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.