MONTEVIDEO (EFE).- El Comité Interamericano contra el Terrorismo decidió ayer, luego de tres días de deliberaciones en Uruguay, crear una red contra el terrorismo cibernético y ampliar la colaboración para mejorar la seguridad regional.

Los representantes de los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos debatieron en Montevideo, durante la cuarta reunión ordinaria de ese comité, mecanismos para coordinar la lucha antiterrorista en el continente.

La red de alerta y ciberseguridad, a la que estarán conectados todos los miembros de la OEA, tendrá por objetivo «atender cualquier movimiento sospechoso, para advertirlo a la comunidad», destacó a EFE la salvadoreña Margarita Escobar, que hasta hoy ocupó la presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).

Los representantes del CICTE fijaron el mes de junio para presentar a los cancilleres un «mapa guía» y «definir la estrategia de trabajo», agregó la diplomática.

Lo que se busca es «pasar en el menor tiempo posible, de la inseguridad virtual, a la seguridad real», afirmó Escobar, representante permanente de El Salvador en la OEA.

Tras el encuentro de Montevideo se inicia la etapa de definir los sectores, organismos y personas de cada país que participarán en esa red contra el terrorismo cibernético.

La embajadora salvadoreña destacó que, aunque parece un tema menos grave que el terrorismo convencional, el cibernético «puede causar mucho daño y caos, si logra dañar sistemas financieros, sanitarios, de seguridad y otros».

Al hacer un balance de los tres días de reunión, Escobar afirmó que el encuentro «fomentó la confianza» entre los países americanos.

«Estamos en el buen camino de la lucha contra el terrorismo, y se delineó un plan de trabajo importante», agregó.

El viceministro uruguayo de Defensa Nacional, Elías Bluth, que recibió hoy de Escobar la presidencia del Comité Interamericano Contra el Terrorismo, dijo a EFE que el esfuerzo por la seguridad hemisférica y la lucha contra el terrorismo «es un camino largo y un proceso continuo».

El funcionario uruguayo destacó «la forma armónica» en que las delegaciones de los 34 países definieron el Plan de acción del CICTE.

En ese plan hay medidas para mejorar la seguridad aérea y marítima, en aeropuertos y aviones, en puertos y barcos, también en las transferencias financieras y en varias otras áreas.

Para que las medidas sean «realmente efectivas, no se puede dar demasiados detalles», pero el plan «incluye programas de acción muy concretos y compromisos de asistencia técnica», agregó Bluth.

El viceministro uruguayo admitió que para ejecutar esos planes se necesitan «gastos importantes» que, en algunos casos, los países más pequeños o pobres «no están en condiciones de solventar».

Sin embargo, dijo que durante el encuentro se analizaron «interesantes propuestas para bajar los costes», como posibles garantías del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para que las fuentes de financiación sean mas económicas.

También se buscará «comprometer» al sector privado para distribuir los costes de la seguridad.

Las empresas turísticas, navieras, de fletes, los usuarios de aeropuertos y puertos, de zonas francas y empresas de transporte, «pueden y deben» colaborar con las medidas generales de seguridad para que los costes «no lo tengan que enfrentar únicamente los estados», agregó el viceministro uruguayo.

Bluth explicó que durante la reunión de Montevideo se acordó además el Estatuto del CICTE, «que requería adecuaciones a las necesidades contemporáneas», y será puesto a consideración de la Asamblea General de la OEA.

El viceministro uruguayo ejercerá durante un año la presidencia del Comité, y la traspasará en el quinto período ordinario de sesiones, que se celebrará en Trinidad y Tobago.

La Declaración de Montevideo, con la que finalizó la reunión, reitera que el terrorismo «es una grave amenaza para la paz, la seguridad y la democracia», y destaca sus vínculos con el tráfico ilícito de armas y de drogas y el lavado de dinero.

El documento final exhorta además a los países de la OEA a ratificar la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, aprobada por la Asamblea General en junio de 2002 y que entró en vigor en julio de 2003.

Hasta ahora sólo Antigua y Barbuda, Canadá, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela la han ratificado.